Nicolás Maduro impuso este jueves medidas restrictivas contra la fiscal Luisa Ortega Díaz, considerada como una de las principales voces críticas del chavismo. A partir de ahora, la magistrada no podrá salir del país, se le congelarán sus cuentas y se le impedirá vender o gravar sus propiedades en tanto se toma la decisión de enjuiciarla; lo que podría suceder el próximo 4 de julio.

Ortega Díaz se ha erigido como un ídolo de la manifestaciones antigubernamentales, las cuales se intensificaron desde hace tres meses y mantienen en fuerte presión al gobierno madurista. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño, principal promotor de llevarla a juicio, aseguró que la fiscal podría haber cometido “faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

La situación tiene lugar un día después de que la ministra afirmara que “todo Venezuela es un país terrorista, donde se practica el terrorismo de estado, donde se ha perdido el derecho a manifestar y donde se enjuicia a civiles en la jurisdicción militar”.

“Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (…) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, afirmó.

Por supuesto que esta actitud no le ha gustado en nada a la jerarquía oficialista, pues la exhibe como una dictadura violadora de derechos humanos, principalmente en el caso de que los civiles sean procesados en juzgados militares, lo cual recuerda más a un régimen autoritario que un gobierno garante de los derechos humanos y democráticos.

Se habla ya de una destitución inminente y de hecho ya se dio a conocer que será  Tarek William Saab, militante acérrimo del madurismo, quien asumirá el poder de esta cargo, el cual se supone que debe ser autónomo. La magistrada denunció que existe una clara ruptura del orden constitucional y calificó las últimas medidas contra ella con la caza y captura sufrida por el Parlamento durante los últimos 18 meses.

Mientras tanto, el vicepresidente Tareck El Aissami reveló que el helicóptero usado para la maniobra contra las sedes del Supremo y del Ministerio del Interior fue hallado en una zona montañosa del litoral central de Venezuela, en el margen sur del Caribe. El piloto Oscar Pérez continúa desaparecido.