En conferencia de prensa, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por el acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas.

El gobierno mexicano supuestamente intento instalar 76 veces el virus de espionaje Pegasus en los teléfonos de 15 personas. Mediante este malware, los smartphone de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo.

En un análisis denominado “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”  que realizó Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3d) y Social TIC, se acusa a la Secretaria de la Defensa (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de haber adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group, empresa israelí.

El malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países. Cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares se reveló en el informe. El virus funciona cuando una persona recibe un mensaje SMS en su teléfono, es atacada con Pegasus, que contienen un texto que busca persuadirlo  de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de una familiar o amigo. Si la persona da clic al enlace, el virus infecta el dispositivo, con lo cual el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada en el smartphon, incluso la activación inadvertida de micrófono y cámara.

“El mensaje de SMS está diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. Muchas veces contiene su nombre, aspectos relacionados con un familiar, la localidad donde vive o cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da el clic a ese enlace se descarga el malware Pagasus y si la infección es exitosa, el atacante toma control del dispositivo”, dijo Luis Fernando García, director de R3d.

Fueron atacados un total de 12 personas relacionadas con temas de Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la Ley3de3, etc. Todos los objetivos fueron atacados usando infraestructura común, además de existir coincidencia entre los mensajes recibidos, señaló el reporte.

Las organizaciones expusieron su preocupación de que el uso de estos ataques se dieron durante coyunturas criticas de su labor y con el hecho de que “todas tuvieron un actor común que fue el gobierno federal”.

En un mensaje grabado por Carlos Loret de Mola expuso: “no me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento, porque el espionaje se abre la puerta para que se llegue más lejos. Quieren hacernos sentir vulnerables y que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales”.

Por su parte, la periodista Carmen Aristegui indicó que habría que hacerle varias preguntas al gobierno mexicano, ¿dónde está esa información?, ¿qué hicieron con ella? “Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí para sumarnos a una denuncia formal, porque en este país tan querido, sabemos que no pasa nada: es como la marca de la casa”.

Las personas que recibieron estos mensajes de textos con link para infectar con Pegasus son: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui; así como su hijo adolescente Emilio Aristegui. Asimismo, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga; estos dos últimos periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Sin pruebas de espionaje

La tarde de ayer, la Presidencia de la República condenó “cualquier intento” por vulnerar el derecho a al privacidad de cualquier personas. Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia, envió una nota al editor del The New York Times en el que se señala que para el gobierno de la República el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho.

El texto fue difundido a través de la cuenta de Twitter del vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez.