En el asunto del huachicol, Colombia está en boca de todos. En fecha reciente, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, afirmó que el gobierno de México ha establecido contactos con autoridades colombianas para aprender de la experiencia de ese país en la materia. Por su parte, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, señaló lo siguiente: “Hemos estudiado el caso colombiano, donde tuvieron una situación peor que la nuestra y lo resolvieron”.
En efecto, el robo de combustible ha sido parte del paisaje criminal colombiano desde hace tres décadas. A partir de los años ochenta, pero con particular intensidad a partir de finales de los años noventa, ese país sudamericano empezó a enfrentar un problema serio de robo de hidrocarburos, tanto en su red de ductos como en refinerías y terminales de distribución.
Numerosos actores participaban en el ilícito, desde bandas especializadas hasta cárteles del narcotráfico. Sin embargo, los grandes beneficiarios del llamado “apoderamiento de hidrocarburos” eran los actores del conflicto armado, particularmente los grupos paramilitares coaligados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según fuentes militares colombianas, a principios del actual siglo, nueve de cada diez litros de combustible robado acababan en manos de los “paras”.
Se trataba de un negocio altamente redituable, íntimamemente vinculado al narcotráfico. Un porcentaje elevado de los combustibles robados era utilizado para la producción de cocaína. El problema alcanzó un pico en 2002, cuando se perdió el equivalente a 2.7 millones de barriles de gasolina y diésel (aproximadamente 425 millones de litros). De acuerdo con estimaciones de Ecopetrol, los grupos delictivos solo utilizaban 38 por ciento del combustible extraído. El remanente se perdía en derrames, evaporación y fugas.
Para enfrentar el problema, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe diseñó una estrategia con cuatro componentes explícitos:
- El marco jurídico se transformó. Se aprobó un instrumento legal específicamente para combatir el robo de hidrocarburos (la llamada Ley 1028, de 2006) y se endurecieron las penas para sancionar el delito.
- Se ordenó la creación de grupos interinstitucionales de combate al llamado “apoderamiento de hidrocarburos”, encabezados por la Policía Nacional y con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el (hoy desaparecido) Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Se desplegaron con mayor agresividad tecnologías de detección y reparación de tomas ilegales, incluyendo bolas de polietileno y temporizadores, así como un uso intensivo de marcadores químicos de gasolina.
- Se instrumentó una política de combate a la comercialización de combustible robado, mediante el establecimiento de controles volumétricos a nivel bomba en gasolineras y estaciones de servicio.
En apariencia, esas medidas fueron exitosas para disminuir el volumen de petrolíferos extraídos de la red de ductos. Según datos oficiales, la extracción de gasolina y diésel pasó de 7,270 a 23 litros por día, una disminución superior al 99 por ciento, entre 2002 y 2012.
Sin embargo, antes de intentar copiar el modelo colombiano, es necesario comprender el contexto en el que se desarrolló. La política de combate al robo de hidrocarburos se desplegó justo en el momento en que las autoridades colombianas acordaban la desmovilización de los grupos paramilitares.
La salida de las AUC del escenario criminal produjo en el corto plazo una disminución de todo tipo de delitos donde los paramilitares eran actores relevantes, desde el secuestro hasta la extorsión y pasando por el robo de hidrocarburos. Con toda probabilidad, esa salida negociada fue tan o más importante que la estrategia formal de combate para reducir el volumen de combustibles robados.
En consecuencia, es importante aprender de las lecciones colombianas, pero resulta ingenuo suponer que se puede resolver el problema mexicano copiando sin más un modelo extranjero. La respuesta al huachicoleo tiene que adaptarse a nuestra realidad y no tener como eje únicamente el incremento de penas.
En México hemos puesto sobre la mesa dos propuestas. La primera, la creación de una Comisión del Congreso de la Unión que investigue respecto al involucramiento de autoridades federales, estatales, municipales y empleados de Pemex en el robo de combustibles. La segunda, que las autoridades respectivas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) realicen una auditoría a las gasolineras de todo el país, particularmente de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Tlaxcala, para conocer y sancionar cuántas de ellas venden gasolina robada.
No podemos permitir que el robo de combustible se consolide como una nueva rama de la delincuencia organizada, que nazcan nuevos grupos criminales o se diversifiquen los existentes.
@MbarbosaMX
Presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República
