El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que piensa convocar para el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña pese a no contar con el consentimiento del Gobierno del Estado.

Puigdemont ha especificado cuál será la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Por su parte, el Gobierno ha ratificado tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que esa consulta no se va a celebrar. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Efe han remitido a las declaraciones que en ese sentido han venido realizando los miembros del Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la cabeza.

En principio, está previsto que la respuesta a este anuncio de Puigdemont la dé el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Respecto a la dificultad para poder recurrir judicialmente el anuncio realizado por Puigdemont debido a que no hay un texto rubricado por los responsables de la Generalitat, las fuentes del Gobierno han instado a ir “paso a paso” y esperar la evolución de los acontecimientos.

Los funcionarios catalanes han trasladado a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) su preocupación por el anuncio del presidente catalán y le han pedido un protocolo de protección ante órdenes de dudosa legalidad.

En declaraciones a Efe, el sindicato ha explicado que el funcionariado catalán se encuentra “expectante” y ha decidido tomar una “posición activa” para defenderse. Por ello, la central sindical ha decidido enviar, de manera inminente, a todos los departamentos de la Generalitat y a los colegios donde se pretende organizar el referéndum un protocolo para “proteger” a los funcionarios contra órdenes ilegales.

En concreto, la CSIF ha recibido solicitudes de información de los departamentos de Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria y de la propia Generalidad. Por ello y teniendo en cuenta la “incertidumbre” generada, la CSIF extenderá la campaña informativa a la Administración General del Estado presente en Cataluña.