Otra base militar norteamericana
Raúl Jiménez Vázquez
La expansión del perímetro de seguridad de los Estados Unidos es uno de los objetivos estratégicos de la política de mano dura enarbolada por el ocupante de la Casa Blanca. Nuestro país es una pieza clave de ese paradigma geopolítico ideado a fin de garantizar los intereses hegemónicos de los vecinos del norte. Así lo evidencian varios acontecimientos de muy reciente data.
En abril de este año se llevó a cabo en Cozumel una cumbre militar centroamericana presidida por los jefes de los comandos norte y sur estadounidenses. Pretextando la necesidad de controlar los flujos migratorios y combatir al crimen organizado, ahí se acordó la instalación de una base militar del comando sur en el departamento guatemalteco del Petén, análoga a las siete bases militares norteamericanas asentadas en el territorio colombiano. También se pactó la creación de un cuerpo de élite, una fuerza de tarea que operará a lo largo de la frontera delimitada por el río Suchiate, conformada con miembros de las fuerzas armadas de México y Guatemala, la cual será dirigida por efectivos del comando sur.
A mediados de este mes de junio, la base militar del comando sur en Miami será la sede de la Conferencia de alto nivel sobre la seguridad y economía para México y Centroamérica. Bajo el liderazgo del departamento de Seguridad Interior y el departamento de Estado de los Estados Unidos, en dicho encuentro habrá de ratificarse la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en Cozumel.
Estas acciones supranacionales conllevan un mensaje claro y preciso: la problemática migratoria ya fue elevada a la categoría de una “amenaza” a la seguridad nacional del país de las barras y las estrellas. Por ello, conforme con lo anunciado en su momento por John Kelly, exjefe del comando sur y actual secretario de Seguridad Interna, Washington está conminando a México a que establezca una frontera hermética con Guatemala.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acaba de rechazar categóricamente la pretensión del sellamiento de nuestros límites territoriales sureños, lo que hace suponer que esta exigencia se hizo presente en la reunión sostenida el 18 de mayo pasado por personeros del gobierno mexicano con representantes de la Casa Blanca.
Acceder al ultimátum de los vocingleros estadounidenses propiciaría la realización de movilizaciones del ejército norteamericano dentro del suelo patrio, tal como ocurrió durante las invasiones que tuvieron lugar en 1847, 1914 y 1916. Ello implicaría una manifiesta traición a la patria, un gravísimo ultraje a la dignidad de los mexicanos, un brutal atentado a la soberanía nacional y una inaudita violación a los derechos humanos. Igualmente significaría el inicio del proceso de conversión del territorio mexicano en un gigantesco cuartel militar.
Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil debemos alzar la voz para decir enfáticamente ¡no a la militarización de la frontera sur!
