En la Ciudad Universitaria de la capital del país actúan los llamados dealers, vendedores de drogas que cuentan con una buena clientela, pues de otro modo se irían a otra parte. No es algo nuevo, desde fines de los años sesenta aparecieron por las Islas y luego se han apoderado de otros espacios donde realizan su comercio.

En la clientela hay, por supuesto, profesores, alumnos y trabajadores administrativos de la UNAM, pero sobre todo compradores ajenos a la institución, quienes acuden al campus porque ahí la compra-venta se efectúa sin el riesgo de ser detenido, con todo y que desde siempre agentes de todas las corporaciones policiacas y algunas otras están dentro el territorio universitario (entre paréntesis, cabe decir que algunos de esos policías son también consumidores y vendedores de droga, como uno que hace unos meses fue detenido con 15 grapas de coca y 300 gramos de canabis, pese a lo cual fue dejado en libertad).

Centro privilegiado de las actividades ilícitas es el auditorio Che Guevara o Justo Sierra, ocupado desde hace 15 años por fondas, diversos giros de comercio, prostitución y, por supuesto, tráfico de drogas. Ahí, a la vista de todos, se negocia prácticamente cualquier sustancia y los policías destacados en el lugar curiosamente no se enteran ni hacen el menor esfuerzo por detener a los delincuentes, cosa que podrían hacer fuera del campus, pues los tratantes no viven  dentro, pero hasta ahora no se mostrado interés en el asunto y parece que lo único que importa es tener dentro de la UNAM a policías-golpeadores-provocadores, porque esa ha sido su función.

Pese a toda esa historia, bien conocida en la UNAM, el secretario de Educación Pública federal, un tal Aurelio Nuño, ha confundido a las autoridades universitarias con policías y a su corto entender deben ser ellas las que actúen contra los delincuentes.

Para todos los efectos, las instalaciones universitarias son un domicilio particular y lo dicho por el señor Nuño implica que si los delincuentes se meten a una casa, los habitantes de ese domicilio deben arrestar a los invasores, esposarlos y entregarlos al Ministerio Público, cuando no sacar el revólver y disparar sobre los extraños.

En suma, Aurelio Nuño pide que las autoridades universitarias hagan el trabajo que no hacen el gobierno federal ni el de la ciudad. En la misma lógica, cabría preguntar al alto funcionario si también quiere que los ciudadanos gobiernen, lo que por supuesto harían mejor que quienes ahora cobran por esa función. A lo que hemos llegado.