Conforme a la Miscelánea Penal, vigente desde hace un año, la Suprema Corte determinó que es procedente que los acusados por delitos graves del anterior sistema de justicia pueden solicitar la libertad provisional.

Algunos de estos delitos son: posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión de reos, ordeña de hidrocarburos, asalto en carreteras, robo califica, extorsión, contrabando, ataques a las vías de comunicación, tortura, tráfico de indocumentados, entre otros.

Además, se aprobó un proyecto que obliga a jueces de distrito y tribunales a revisar, modificar o sustituir la medida cautelar de la prisión preventiva en cientos de casos, varios de ellos relacionados con reos federales de alto perfil.

Los delitos donde no procede la solicitud son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, pornografía de menores, tráfico de menores, contra la salud, genocidios.

“Un efecto no calculado del nuevo sistema fue la política permisiva en lo que hace a las armas de fuego”, indicó, Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, quien rechazó que ampliar el catálogo de delitos graves sea una contrarreforma al sistema penal. “Hay cada vez más armas de fuego en el país y cada vez más homicidios dolosos se comenten con arma de fuego. Un efecto indeseado del nuevos sistema, un efecto no calculado”. Además, dijo a Reforma, que el sistema necesita ajustes para evitar el fenómeno de la “puerta giratoria”.

Por su parte, Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), negó que la alza delictiva tenga que ver con el nuevo sistema de justicia penal, como han indicado las autoridades federales y locales.

En entrevista con Reforma, aseveró que esto se dio antes de que entrara en vigor las nuevas reglas procesales, que cobraron vigencia a partir del 19 de junio. “No se puede culpar al sistema, lo que tenemos que hacer, en este momento es un esfuerzo de análisis, de entender dónde están o pueden estar las fallas en la operación, corregirlas y no hacer parches, no querer dar pasos  hacia atrás sino mantener el rumbo de la implementación del sistema como está ya previsto”.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, criticó que políticos y funcionarios trasladen la culpa de su ineficiencia al sistema de justicia. “Fueron ellos, los que, teniendo 8 años para hacerlo, no prepararon a las instituciones de seguridad y procuración de justicia”.