La Constructora Aldesem y Epccor,  encargada de la obra del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, obtuvo una calificación baja en los aparatos de sistema de aseguramiento de calidad y experiencia en obras.

De los 4.4 puntos que valían estos indicadores, el grupo no obtuvo ninguno, lo que significa que no representaron una verificación o certificación del laboratorio que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar y que el personal no cumple con la experiencia solicitada en las bases.

Para acreditar su conocimiento, el consorcio presentó documentos de 13 obras, realizadas en cinco años, sin embargo, ocho no cumplían con lo solicitado en los documentos de la licitación.

Aldesem y Epccor ganó el concurso, ya que su propuesta económica era la tercera más baja, de 23 empresas concursantes, en un principio se dijo que la obra costaría mil 45 millones de pesos y al final costó 2 mil 213 millones de pesos, 145% más del monto original.

Además, se detectaron pagos por más de medio millón por servicios que no se realizaron o que se inflaron, por ello no cumplieron con el alcance y se ejecutaron trabajos de mala calidad, afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante la inauguración del Paso Exprés, funcionarios de la SCT explicaron que el costo se elevó debido a la necesidad de realizar diversas obras inducidas que no estaban consideradas en el proyecto inicial, lo que implicó mover, rehacer, reinstalar drenajes, líneas de agua potable, fibra óptica, así como obra electromecánica relacionada con la red eléctrica.

Después de una visita a la zona de obras, en octubre de 2016, se detectaron carencias en la infraestructura y cambios en los materiales de construcción. “Se observó que el proyecto que está en proceso de ejecución no cuenta con retornos, acotamientos laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento, lo que dificulta su operatividad. Además, la estructura de los pavimentos cambió de base y carpeta de concreto asfáltico por una estabilizada con cemento portland y carpeta de concreto hidráulico”.

Además de los más de 2 mil millones de pesos que costó la obra, la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) otorgó nueve contratos para este proyecto. Uno de ellos por 7 millones 227 mil pesos.

En diciembre de 2014, un testigo de nombre Enrique Alcántara le dijo a la SCT que el contrato no estaba claro cuántos carriles iba a poder ser ampliada la autopista. Los problemas que se detectaron desde el inicio de la obra estaban la invasión del derecho de vía y la afectación al medio ambiente, en especial a los bosques.

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Se dice que la empresa Epccor era propiedad de los hijos del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa Infraestructura, la cual había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2011 por el incumplimiento de dos proyectos, una de ella en esta misma autopista (México-Cuernavaca).

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que ordenó la destitución de José Luis Alarcón Ezeta, como delegado de la dependencia en Morelos.

El funcionario explicó que el delegado tardó en dar una respuesta a los vecinos que presentaron una denuncia el 3 de julio de que el tramo donde se registró el socavón presentaba fallas por lo que requería ayuda, pero no obtuvieron respuesta.

Sostuvo que la empresa Aldesa está sujeta a investigación y deberá explicar si tiene o no alguna responsabilidad o falla constructiva de la obra. Ruiz Esparza afirmó que se alistan denuncias penales contra quien pueda resultar responsable.

El presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones a la SCT para que se realicen los peritajes correspondientes en la zona, y a la Secretaría de la Función Pública para que realice auditorías sobre los contratos y costos de la obra.

“Es prematuro poder hacer juicios anticipados de cuáles fueron las causas, el origen y lo que ocasionó esto. He dado instrucciones al secretario de Comunicaciones para que, quienes sean supervisores o funcionarios implicados con responsabilidad directa en la supervisión y mantenimiento de esta obra, sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones correspondientes hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada, lo que permita deslindar responsabilidades”.

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