Por Adolfo Loera

 

Atraído por el boom que han tenido las aplicaciones de transporte privado en la Ciudad de México, César Vélez decidió hacerse socio de Uber y empezó a buscar chofer en un perfil de Facebook denominado Choferes para Uber DF, donde encontró a Gustavo Gálvez Velázquez, quien ofrecía sus servicios.

Después de que el conductor presentara la documentación que avalaba su identidad, como credencial de elector y licencia de conducir, firmaron un contrato de arredramiento en el que Gálvez Vázquez se comprometía a pagar 2,300 pesos semanales como cuenta por el uso del auto dentro de la plataforma.

Si bien Vélez nunca pudo dar de alta al conductor en la base de datos de Uber por problemas técnicos, el chofer informó que mientras se resolvía el problema trabajaría como taxi turístico en un hotel y cumplió en tiempo y forma con el pago de la cuenta por dos semanas, pero a la tercera semana el conductor desapareció, llevándose el auto.

Cuando Vélez intentó localizarlo, descubrió que el conductor no vivía en la dirección que había proporcionado en su credencial de elector, y constató que no era la primera persona a la que le proporcionaba documentos con datos falsos. Tampoco pudo verificar con Uber si estaba registrado como conductor, debido a que la empresa se negó a proporcionar información.

Actualmente existe una carpeta de investigación por el delito de abuso de confianza, ya que el conductor no ha devuelto el auto.

Este tipo de incidentes ponen en riesgo un modelo de negocio en expansión, como lo es la economía colaborativa, debido a que no existen los controles necesarios para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los que ofrecen los servicios, y cuya imagen se puede ver seriamente afectada, aun cuando no tengan responsabilidad directa, como es el caso anterior.

Por ello, es necesario que este tipo de plataformas utilicen una base de datos sustentada en capturas biométricas, porque lamentablemente en México no contamos con un documento que avale al 100 por ciento nuestra identidad, y tampoco contamos con un mecanismo que nos permita verificar si la persona con la que estamos tratando es quien dice ser.

Con una base de datos de este tipo, se podrían almacenar las biometrías de las personas que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas, y se podría generar un sistema de alertas que advierta en caso de que existan quejas por parte de los usuarios. Pero también podrían confirmar a usuarios o los dueños de los autos si determinado chofer está registrado en la plataforma y pasó los controles necesarios para ofrecer sus servicios, basados en sus datos biométricos, no en una documentación que puede falsificarse.

Actualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está trabajando en una circular que promovería la captura de biométricos de los usuarios de la banca, y se prevé que también permita el intercambio de información para prevenir fraudes. Esto también brindará más seguridad a los negocios involucrados en la economía colaborativa, debido a que éstos basan la seguridad de sus cobros en el sistema bancario.

Mientras no contemos con una base de datos nacional de identidades digitales, el sector privado deberá buscar alternativas para mantener a los criminales fuera de sus operaciones, sobre todo cuando estamos dentro de un modelo de negocio con un gran potencial, como lo es la economía colaborativa, pero a la vez tan frágil ante el incremento constante de incidente entre usuarios y socios.

*Adolfo Loera es director general y fundador de Biometría Aplicada, empresa pionera en la implementación de soluciones biométricas en el país. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector, y ya ha trabajado con empresas privadas e dependencias de gobierno como la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Seguro Popular, y afores como MetLife, Sura, Invercap, Banamex y Pensionissste.