La reinserción social en México “es un fracaso” que se refleja en los altos índices de reincidencia delictiva, los cuales son de 60%, por lo que urge replantear el sistema, aseguró Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Afirmó que aunque la integración de los ex presos a la sociedad es una obligación del Estado, no se logra.
“El artículo 18 constitucional establece que se debe lograr por la vía de la capacitación para el trabajo u otro tipo de actividades, ¿por qué hago esta afirmación? Por los altos índices de reincidencia delictiva”.
Rubí Salazar indicó que desde la secretaría se promovió la incorporación de un apartado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene que ver con el registro, certificación y cancelación de antecedentes para que una vez que la persona haya cumplido con la condena que le fue impuesta, el historial sea cancelado, puesto que “este requerimiento crea un gran estigma y traba laboral”.
Indicó que la única excepción en la que el expediente no se cancela es cuando se trata de delitos graves.
Especialistas y activistas en materia de seguridad pública consideraron que es urgente que el gobierno mexicano ponga énfasis en atender estos índices y crear programas que impulsen una mejor readaptación a la sociedad a todas aquellas personas que salen de las cárceles, puesto que sus políticas no han funcionado.
María Elena Morera, directora de Causa en Común, coincidió en que urge una revisión del sistema penitenciario y un problema paralelo a solucionar es el estigma social, debido a que los empleadores siguen pidiendo la carta de no antecedentes.
En este sentido, lo que se espera del Estado es una política pública del sistema carcelario, en la que se incluyan acciones reales para la gente que estuvo en la cárcel y que pueda reinsertarse en algún empleo digno, indicó la activista.
De acuerdo con Morera la medida tendría que ver con que mientras cumplen su condena aprendan un oficio, estudien y obtengan “las herramientas suficientes para que puedan tener después una vida productiva, si no hacemos esto, ¿por qué podemos pensar que salgan a hacer algo que no saben?, es totalmente ilógico”.
Por su parte, Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, señaló que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de trabajar en un sistema penal y administrativo “que se enfoque en el individuo y en su papel dentro de la sociedad”.
Agregó que se deben crear proyectos efectivos de inclusión laboral dentro de los centros penitenciarios que estén lejos de estereotipos de género, puesto que en la actualidad en los penales mexicanos “la oferta de la formación laboral es extremadamente limitada a trabajos que tienen una fuerte estigmatización de género, para mujeres y hombres. Eso no ofrece una verdadera posibilidad de ser productivo en el mundo laboral”.
Sobre el tema, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, dijo que los modelos en México no han servido a la sociedad debido a que están mal diseñados.
“Son proyectos poco prácticos e injustos, porque uno de los motivos de meter a una persona a la cárcel es que pueda tener la oportunidad de cambiar su conducta y esto no está siendo así, es decir, no les dan oportunidad de trabajo desde adentro de las cárceles. Eso podría darle sentido a su vida, desarrollar capacidades y no s está haciendo”.
Destacó que los ex presidarios se encuentran con la problemática de que no tienen oportunidades laborales debido a que en la mayoría de los empleos se sigue pidiendo la carta de antecedentes no penales.
(Con información de El Universal)