La inminente anulación de la elección para gobernador en el estado de Coahuila y las de varios municipios en el estado de Veracruz, son sin duda las pruebas del acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para salvar la elección de gobernador en el Estado de México, el pasado 4 de junio, a favor de Alfredo del Mazo.

Para Ricardo Anaya, presidente del PAN, era fundamental no acumular dos derrotas y de este modo sortear a sus adversarios internos calderonistas de sus críticas sobre un desfonde electoral. Lejos quedó la imagen de partido en ascenso y de un presidente ganador en las elecciones del año pasado. Para el PRI y el gobierno federal ganar el Estado de México era también fundamental por varias razones, una de ellas, generar la percepción de que este partido está de regreso a la competencia por la Presidencia de la República en el 2018.

Esas dos razones ilegales, inmorales y antiéticas son el sustrato del acuerdo entre PRI y PAN para anular la elección a gobernador de Coahuila y elecciones en varios municipios de Veracruz.

En el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz se dio lo que se conoce como elecciones de Estado; es decir, aquellas en las cuales los recursos públicos, los programas sociales gubernamentales, el dinero privado ilícito, el control de los medios de comunicación, la injerencia en los órganos electorales y de justicia electoral se vuelcan en favor del candidato o de los candidatos del partido en el poder.

Se rebasaron los topes de gastos de campaña en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, por tanto, por esta causa tendrían que ser anuladas todas estas elecciones, esa es la realidad que prevalece en nuestra fracasada democracia, con sus consecuentes efectos en nuestra vida política y social.

Para el Estado de México el nivel de descaro político es brutal, como nunca antes se había visto en una elección estatal, en la operación política de esa elección se vaciaron las arcas de la nación, sin embargo, el OPLE de ese estado admite que el PRI gastó 168.2 millones de pesos, quedando lejos, según esto, del tope de 285.5 millones de pesos. ¿Quién les cree? Son unos sinvergüenzas, el grado de cinismo no tiene límites, lo mismo que el deterioro de nuestra vida pública.

En Coahuila, al parecer Ricardo Anaya negoció la cabeza de Guillermo Anaya, quien en caso de anularse estas elecciones quedaría impedido de participar, al considerar que igual que el candidato del PRI, Miguel Riquelme, rebasó los topes de los gastos de campaña.

Como escribió Eduardo R. Huchim, en su artículo de un periódico de circulación nacional: “…el Estado de México es un lugar donde voto y dignidad son artículos de mercado, donde miles de millones de pesos del erario han sido desviados a finanzas partidarias”.

¿Por qué si se anulan las elecciones de Coahuila y de varios municipios veracruzanos, no pasa lo mismo con las elecciones del Estado de México? Porque existe una justicia electoral selectiva, se basa en acuerdos y no en la justicia, ni en la revisión puntal de cómo se desarrolló el proceso electoral.

@MBarbosaMX 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA