Un total de mil 600 millones de pesos gastaron en actos de corrupción las unidades económicas –que llevan a cabo la producción de bienes y servicios- del sector privado, al realizar trámites o solicitudes ante autoridades durante 2016, en donde el costo promedio por cada sector fue de 12 mil 243 pesos, reveló la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El ejercicio estadístico que se presenta por primera vez, revela que ocho de cada 10 empresas en México perciben actos frecuentes de corrupción por parte de servidores públicos.
Además, señala que dos de cada tres actos ocurren en la agilización de trámites, con 64.5% de menciones. Un 39.4% es para evitar multas o sanciones, 30.7% para obtener licencias o permisos, 29.7% para evitar la clausura del establecimiento, y 29.3% para pagar menos impuestos.
La encuesta asegura que 11% de las empresas participaron en un acto de corrupción en 2016. Destaca que los actos son más comunes en el contacto con las autoridades de seguridad pública, con un 27.5% del total de los trámites, seguido de las averiguaciones previas (15.6), procesos judiciales laborales o mercantiles (15.4) y licencias o permisos especiales (12.5).
Entre las entidades donde las empresas perciben mayor corrupción están: Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, seguidas de Jalisco, Chiapas, Zacatecas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y el Estado de México.
En el marco de la presentación de la ENCRIGE 2016, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, afirmó que el costo de la corrupción en México se estima entre el 8 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que propicia que muchas oportunidades de inversión se pierdan al no cristalizarse por falta de certeza.
Agregó que “en algunos casos, la mala calidad del marco regulatorio es un detonador de actos de corrupción”. Además consideró que el exceso de regulación y la regulación obsoleta constituyen un inhibidor de la competitividad.
Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que “el ahorro que hemos tenido hasta hoy como gobierno federal en materia regulatoria son más de 180 mil millones de pesos, así que no me sorprende la cifra –de mil 600 millones de pesos-, y lo importante es lo que hemos logrado en ahorros.
En la presentación de la encuesta, acotó que lo mas importante de la cifra “es que claramente lo que se tiene que hacer es generar los espacios para que éstos se transformen en competitividad de productividad y eso implica muchos temas, como que las empresas no debe de estar distrayendo recursos para reforzar su seguridad en lo individual o en la persecución de juicios que se alargan, al menos en los temas que tiene que ver con juicios orales mercantiles, así que la idea es seguir avanzando en la dirección correcta para poder extender esta estrategia de una manera uniforme”.
Refirió que el gobierno federal se esforzó en mejorar las condiciones regulatorias de las entidades federativas, “y logramos en este sexenio bajar la carga regulatoria de trámites federales de regulaciones y trámites federales de 4.25 a 2.7 del PIB, ya hay un impacto muy importante en términos de ahorros regulatorios”.
(Con información de El Financiero y Milenio)