Durante la audiencia de imputación para Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, la Procuraduría General de la República (PGR) logró acreditarle sólo 38.5 millones de pesos de los 439 millones 662 de pesos desviados del erario, a través de empresas fantasmas para adquirir inmuebles.

“Los números no cuadran”, expresó Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, durante la audiencia de Duarte.

Marco Antonio del Toro, abogado del ex mandatario, al igual que Duarte, se dedicaron a preguntar y a pedir aclaraciones de la imputación. Pidió le precisaran cuáles eran las dependencias estatales de las que supuestamente se desviaron recursos en su beneficio, las fechas de las transferencias, el monto y las empresas a las que se destinaron esos recursos.

“Usted señala que en diciembre de 2011 le instruí a Alfonso Ortega López comprar parcelas en Campeche, dice que todo esto fue una idea de Alfonso Ortega y que finalmente yo les ordené al referido abogado y a Moisés Mansur y Gerardo Rosas Bocado comprarlas en 20 millones de pesos. Esto se ha difundido en la prensa con detrimento al debido proceso, ¿puede aclarar cuántas hectáreas? ¿A quién le compraron y el precio cubierto?”, preguntó el veracruzano.

Pedro Guevara Pérez, Martha Estela Ramos Castillo y Nely Nabor Alvarado, fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delito Federales (SEIDF), mostraron muy poca preparación para presentar el caso, comenzaron a buscar uno por uno los datos solicitados. Incluso, hubo un momento en que el juez evidenció a la parte acusatoria por su falta de manejo en el caso.

Pese a la insistencia de Duarte sobre la cantidad de recursos desviados del erario, Guevara Pérez dijo que sólo contaban con elementos para probar 38.5 millones de pesos. “Por el momento son los únicos recursos”, dijo el también director General de Procesos y Amparo en Delitos Federales de la PGR.

Los únicos documentos con lo que contó la dependencia para acusar a Duarte son lo que salieron entre 2015 y 2016 de la Secretaría de Educación de Veracruz con destino a la empresa Solaris Technologies, mediante contratos por los que la dependencia no obtuvo contraprestación alguna.

Dicha empresa trianguló el dinero a Bepha Inmobiliaria y Sakmet Inmobiliaria, las que finalmente transfirieron los recursos a Terra inmobiliaria y Consorcio Brades, mismas que compraron a Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro, los presuntos prestanombres de Duarte, los terrenos de Campeche.

Duarte y su defensa explicaron que los terrenos se adquirieron en 2011 y 2013, años antes de los desvíos. Además, Terra y Brades fueron constituidas en 2005 y 2009. La PGR dijo que los hechos imputados a Duarte ocurrieron entre el 2011 y 2016, sin embargo, había algunos bienes como los departamentos en Ixtapa que fueron comprados en 2010.

“Mire, señor defensor usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran”, le dijo el juez al abogado de ex gobernador.

Al finalizar la audiencia, el juez advirtió a las partes que su decisión de vincular a proceso o dejar en libertad a Duarte la tomaría únicamente con base en lo que escuchara en las audiencias judiciales.

Anoche el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte determinó la prisión preventiva a Javier Duarte para estar internado por lo menos hasta el sábado. “La prisión preventiva justificada (en el delito de lavado) es para asegurar su presencia porque eventualmente pudiera suceder que alguno de los delitos pudiera ser eliminado”.

Será el próximo sábado cuando se realice una nueva audiencia para contar con la presencia de un testigo quien formula acusaciones contra el ex mandatario.