En México los homicidios con arma de fuego crecieron 400% en los últimos 14 años al pasar de 2 mil 616 en 2002 a 12 mil 604 en 2016, según cifras oficiales.
Estas muertes repuntaron a partir de 2006, cuando la administración del entonces presidente Felipe Calderón emprendió una lucha contra los cárteles de la droga, y alcanzaron su punto más alto en 2011 con 13 mil 24 ejecuciones.
De acuerdo una investigación realizada por Reforma, las autoridades de Estados Unidos y México sólo logran confiscar 14% de las armas que cruzan ilegalmente por la frontera.
Muchas de éstas son fusiles de asalto y pistolas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que van a dar a grupos del crimen organizado en México. El número de armas en el país es un factor fundamental para el aumento de la violencia, señalan especialistas.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero disminuyó el costo de las armas de fuego tanto en el mercado negro como en el comercio legal, después de que durante la administración de Barack Obama éstas se habían disparado, aseguró Robert Muggat, director de Investigación del Instituto Igarapé.
Muggat explicó que “claramente la turbulencia actual en México es buena para los minoristas locales de armas que venden ilegalmente, así como para los vendedores comerciales que venden a agencias de gobierno”.
El especialista en seguridad aseguró que los manufactureros estadounidense también buscan expandir sus ventas entre las policías y el Ejército mexicano. Ejemplificó que, entre 2015 y 2016, éstos productores firmaron acuerdos por 276 millones de dólares con las autoridades mexicanas, además de otros acuerdos por 560 millones de dólares para venta de equipo militar.
Hay omisión del gobierno norteamericano para contener el flujo de armas hacia México, afirmó. Para hacer frente al problema, insistió en que Estados Unidos necesita mayores restricciones en los mercados de venta de armas, como revisión de antecedentes de los compradores y la creación de un registro nacional de ventas.
Por su parte, el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Solís, consideró que hay condiciones para que el Congreso de la Unión avance en la iniciativa que propone prisión preventiva oficiosa a la posesión y acopio de armas.
Hay que decir que actualmente el artículo 19 párrafo segundo constitucional sólo prevé que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
En los últimos cuatro años, se han transferido legalmente a México armas, municiones, granadas y bombas por un valor de más de 208 millones de dólares. La mitad de esas armas y equipo han cruzado por Laredo, Texas, y han entrado a México por Tamaulipas, un estado controlado por grupos del crimen organizado, alertó John Lindsay-Poland, un activista especialista en tráfico de armas y violencia en México.
“Hay una muy alta probabilidad de que haya una desviación de esas armas hacia grupos de narcotraficantes”, alertó Lindsay-Poland al analizar los primeros 100 días de Trump para el Forum on Armas Trade, una red de expertos que analizan temas de armamentismo.