Para la gente, Javier Duarte de Ochoa es culpable. ¡Cómo no podría serlo este exgobernador de Veracruz del cual tanta porquería se ha exhibido! No me refiero únicamente a los hechos que los medios de comunicación han documentado desde hace más de un año, sino a la percepción de la sociedad, al sentimiento que predomina en un pueblo que ha sido saqueado por aquel que llegó al poder con promesas de una vida mejor y huyó en un helicóptero al amparo de la noche y de la impunidad que protege a los hombres de poder.
Que la Procuraduría General de la República (PGR) esté presentando el auto de vinculación a proceso como un gran logro, como un hecho admirable, habla de la incapacidad de la autoridad para llevar a buen puerto este caso y otros en donde exgobernadores y servidores públicos estatales están involucrados en actos delincuenciales.
La verdad es que la PGR integró las capetas de investigación con deficiencias, sin pruebas o con pruebas mal recibidas, que en el momento que sean valoradas en el proceso, quizá no serán suficientes para sentenciar a Javier Duarte.
En los corrillos del poder se ha difundido la versión de que las carpetas de investigación de los exgobernadores sujetos a proceso están, deliberadamente, construidas para caerse y así, en algún momento del proceso, estos exmandatarios puedan obtener su libertad. Si esto es así, y pronto lo sabremos, ¡qué perverso, qué corrupto y qué miserable colusión de autoridades y de los hombres del poder para preservar la impunidad!
¿Qué le espera a Javier Duarte? Será juzgado en un proceso que, de acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución, concluirá antes de un año. Pero no hay que esperar a que dicho proceso concluya según lo que establece el precepto constitucional, lo anterior es relativo, porque estos procesos se rigen de acuerdo con intereses políticos y no a los tiempos que marca la justicia, y en un año aún no habrá concluido el proceso de relevo de la Presidencia de la República.
Existen evidencias de que integrantes del gobierno federal le han prometido a Javier Duarte liberarlo cuando llegue al poder un nueva administración priista, de esta manera, su juicio se alargará más allá del plazo constitucional de un año, es decir, después de las elecciones federales de 2018.
El gobierno federal y el PRI necesitan a Javier Duarte encerrado y controlado, no sea que el exgobernador revele cuánto dinero público entregó al PRI, a sus dirigentes o a los propios hombres del poder federal.
Tienen temor de que la red de complicidades y de protección política de la cual gozó Javier Duarte durante su gobierno quede al descubierto, porque una cosa sí es segura: si este exgobernador pudo saquear las arcas públicas como lo hizo, es porque ni los otros poderes locales, ni el gobierno federal, hicieron nada para impedirlo.
A un año de las elecciones federales, en la mayoría de las encuestas que diversos medios de comunicación publicaron este mes, Andrés Manuel López Obrador aparece encabezando las preferencias electorales; todos los aspirantes del PRI o del PAN se encuentran por debajo, incluso una posible alianza del PAN con el PRD no logra superar las intenciones del voto que Morena tendría.
Por esta razón, el gobierno y el PRI también necesitan a Javier Duarte controlado, por si desde el poder deciden iniciar una estrategia de calumnias en contra de Andrés Manuel López Obrador y lo utilizan como ariete en una nueva batalla de la guerra que han mantenido en contra del presidente nacional de Morena, al estilo de la fracasada ofensiva en torno a Eva Cadena, que tanto revuelo causó en la opinión pública.
Así las cosas, durante el juicio de Javier Duarte seguiremos viendo este show mediático, en el que la PGR presuma como éxito contundente las “flaquitas” pruebas que presenta y la defensa burlándose de ellas con este tipo de frases.
La Procuraduría tiene la obligación de demostrar que esto no es así, que no basta con declarar que irán a fondo en las acusaciones contra Javier Duarte, sino demostrar con hechos, con fiscales preparados y documentados, con expedientes ordenados y sólidos, con pruebas y testimonios, que tiene la capacidad y la voluntad de que este exgobernador reciba la sentencia que merece por los delitos que cometió.
La PRG tiene que cuidar todos los detalles del proceso en contra de Javier Duarte. Sería terrible, una burla para la sociedad que Duarte lograra su libertad por una falla de la PGR y que, de paso, esta culpara de este hecho al nuevo sistema penal acusatorio.
Muchas cosas se juegan en este proceso. En primer lugar, la capacidad de la PGR como la institución del Estado mexicano responsable de la impartición de justicia; el talento del procurador general, Raúl Cervantes, para encabezar esta institución; y la voluntad del gobierno federal para acabar con la impunidad.
Nadie piensa en una cacería de brujas, en una venganza, simplemente demostrar que los exgobernadores no son intocables, que sí están al alcance de la acción de la justicia, que sí es posible combatir la corrupción que se ha convertido en el principal cáncer de nuestra vida pública.
Senador de la República
