Con el fin de garantizar la autonomía de los jueces se les concedió la facultad de nombrar y remover a funcionarios y empleados; sin embargo, hoy sale a la luz que dicha facultad ha sido desvirtuada y mal utilizada para lograr el nombramiento discrecional de parientes.

De acuerdo a un estudio realizado en 31 estados y entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hijos, parejas, padres, hermanos, sobrinos, tíos, cuñados, yernos y hasta suegros de por lo menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas tanto en tribunales como en juzgados de su adscripción.

Dichas redes clientelares dejan al descubierto el nepotismo que reina en estos centros de trabajo y que se extienden a más de 7 mil servidores públicos del Poder Judicial que también tienen a familiares en la nómina.

El “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, realizado por el consejero de la Judicatura Felipe Borrego Estrada y al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que el 48.6% de los jueces y Magistrados federales tiene parientes en el Poder Judicial.

Destaca que la multiplicación de dichas redes clientelares se ha dado debido a cruzamientos o enroques entre los diversos circuitos, ya que en la practica se ha visto que los juzgadores intercambian empleos para sus parientes con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de forma recíproca.

El informe detalla que todo este tipo de prácticas afectan negativamente la percepción del Poder Judicial, además de que se “mina los cimientos mismos del Estado constitucional y democrático de derecho, al tiempo que entorpece el combate a la corrupción y la tutela efectiva de los derechos humanos, en especial por lo que respecta al acceso a la justicia”.

Los datos de esta investigación, llevada a cabo entre enero de 2016 y enero de 2017, fueron corroborados con información del CJF y no se incluye el primer circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información, así como de los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.