Es muy triste que a los políticos no les interese el bien común y que solo piensen en ver para su propio santo. Por lo mismo, resulta terrible el mensaje que nos enviaron a todos los mexicanos, a mediados de semana, al dejar incompleto el tan cacareado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), toda vez que la iniciativa para nombrar a su fiscal permanecerá congelada en la cámara alta porque a los senadores nomás no se les hincha la gana destrabar este asunto que, supuestamente, debía tener resolución antes del próximo día 18, pues al día siguiente, el 19, el SNA entrará en funciones, cosa que hará pero con la ausencia de la figura del fiscal y sus magistrados.

Y aparejada con esta situación, también se presenta la circunstancia de que en la Cámara de Senadores desecharon la posibilidad de implementar un periodo extraordinario para dirimir  este tema, toda vez que los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) —¿dónde diablos se metieron los del Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) para hacer contrapeso? ¡Sabe Dios!, escondieron la cabeza como avestruces— consideraron que primero deben esperar a que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregue una propuesta legislativa en torno a todo lo que está haciendo falta en este sumamente parchado escenario.

Ahora bien, bajo este contexto también debemos considerar que el ambiente político se encuentra sumamente enrarecido porque existe un genuino clamor en torno a que el fiscal anticorrupción y los magistrados que sean nombrados no deben tener relación alguna con el gobierno en turno o con algún partido político y, lamentablemente, todos los partidos están viendo moros con tranchetes por todos lados. ¿Qué les pasa, chamacos!

Así las cosas, arrancar con un SNA incompleto o parchado desgraciadamente nos volverá a dejar muy mal parados frente a la opinión pública (nacional o extranjera), porque en México el flagelo de la corrupción nos está costando muchísimo como nación, nos está restando competitividad y al mismo tiempo está frenando el desarrollo de varias de nuestras esferas productivas. Y para botón de muestra podemos tomar las cifras que maneja la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental que se presentó el miércoles pasado y que arroja que las empresas mexicanas pagaron el año pasado aproximadamente 88 millones de pesos en sobornos, o sea que por cada acto de corrupción que se presentó se registró un desembolso monetario de 12 mil 243 pesos. Y estas cifras no están como para ser desestimadas o ignoradas, pues en total el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encuestó a un total de 34 mil 681 empresarios de todo tamaño y sector, y estos aseguraron que para tener su empresa bien paradita realizan al año en promedio casi 20 trámites en los tres niveles de gobierno y prácticamente en todas las instancias le tienen que entrar con su cuerno.

Y lo más triste de todo, continuando con los resultados de esta encuesta, es que los empresarios pagan sobornos prácticamente para todo: para que el gobierno (los tres niveles) les agilice algún trámite, para evitar multas o sanciones, para el otorgamiento de permisos o para evitar la clausura en sus negocios. Pero eso sí, los senadores se siguen poniendo sus moños.

¡Ustedes muy mal, en serio, señores!

www.lapoliticamedarisa.mx
yalessandrini1@gmail.com
alessandriniyazmin@yahoo.com.mx
@yalessandrini1