Dicen que justicia lenta no es justicia, pues si un proceso tarda varios años y finalmente se exonera al acusado, evidentemente se comete un daño irreparable, pues para el tiempo perdido no existe repuesto. De la misma manera, cuando las acusaciones se arman con pachorra, deficiencias o errores, por no hablar de contubernio o mala fe, el ministerio público propicia la impunidad de verdaderos culpables.
El socavón del llamado Paso Exprés de Cuernavaca, que costó la vida de dos personas, debiera ser causa de medidas inmediatas, entre otras el cese fulminante de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes y de otros funcionarios, pero hasta ahora solo ha dado pie al despido del delegado de la SCT en Morelos. Fuera de eso, los funcionarios que asignaron el contrato, los que debieron vigilar el curso de la obra, la calidad de los materiales y la solvencia de los constructores siguen cobrando y despachando como si nada.
El gobierno quiere vender la idea de que todo estuvo muy bien y que fue el agua acumulada la que causó el quiebre de la capa de rodamiento. La hipótesis es inaceptable, pues se trata de un camino que acaba de inaugurarse y la causa que se aduce era perfectamente previsible para cualquier maistro albañil.
Culpar a los empleados de bajo o mediano rango es una salida fácil. Antes, el ministerio público debió revisar concienzudamente los contratos y los términos pactados en cada aspecto de la construcción. Se dice que se trata de una obra sobrevaluada, como tantas otras de este sexenio, lo que debería ser la principal línea de investigación.
Es mucho pedir que ya esté terminada la investigación. En estos casos se procede con lentitud exasperante y se acaba por abandonar toda indagación, confiando en la desmemoria social, pues está de por medio el interés de quienes gobiernan, como ocurrió con la Casa Blanca de Angélica Rivera o la casa de campo de Luis Videgaray, adquiridas en contubernio con el constructor consentido del gobierno mexiquense de antes y ahora y del actual gobierno federal: el señor Hinojosa Cantú, cabeza visible del Grupo Higa.
No se investigan las corruptelas porque sería tanto como hacerse el haraquiri. De ahí la impunidad de muchos exgobernadores ladrones o la forma confusa y lenta con que se arman las acusaciones, como en el caso Duarte. No podemos esperar que se investigue y encarcele a Ruiz Esparza porque él es el encargado de las obras públicas del gobierno federal, y, como bien se sabe, de ahí sale el lubricante del $i$tema. ¿Está claro?
