El legado del gobierno de Enrique Peña estará marcado por su relación con las constructoras: la Casa Blanca, el encubrimiento con Higa, OHL y Aldesa-Epccor. El encubrimiento cómplice a su amigo, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, que dicho sea de paso es el funcionario menos dispuesto a rendir cuentas ante el Congreso, además de una cortesanía vinculada a intereses de la construcción que lo rodea, lo asfixia y quiero suponer que lo engaña.
La corrupción en la obra pública es de escándalo. No es solo el tema del desvío de recursos públicos, se trata de la edificación de estructuras inútiles y dañadas. En las obras públicas que se han realizado en esta administración se puede advertir atraso en las fechas de entrega e incrementos significativos en los costos. Por ejemplo, el segundo piso de la autopista México-Puebla tuvo un retraso en la entrega de cuatro meses y un sobrecosto de 500 millones de pesos.
Es ineludible que las obras emprendidas en el sexenio actual se han caracterizado por grandes retrasos en las concesiones licitadas, como la carretera Atizapán-Atlacomulco, a cargo de OHL México; la Cárdel-Poza Rica y la Tuxpan-Tampico, a cargo de Mota Engil. Las autopistas tienen avances de 1, 4 y 8 por ciento respectivamente, y suman inversiones por hasta 17,000 millones de pesos en conjunto, por mencionar algunas.
El caso más reciente que ha causado mayor indignación por la pérdida de vidas y la evidente comisión de actos de corrupción y negligencia es el Paso Exprés, en Cuernavaca, obra adjudicada al consorcio formado por las empresas Construcciones Aldesem de Aldesa y Epccor, con un costo inicial, de acuerdo con el fallo de la licitación, por más de mil millones de pesos, cantidad que se incrementó hasta un total de 2,213 millones de pesos.
Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ya había observado irregularidades en los proyectos de infraestructura, derivadas de las diversas modificaciones respecto de los presupuestos inicialmente autorizados. Como muestra, la observación a 80 contratos, de los cuales más de 70 por ciento correspondió a estudios previos que no contemplaron las condiciones reales del proyecto; a 5 por ciento se le atribuye deficiencia en el proyecto de cimentación y casi 3 por ciento registra una entrega extemporánea del proyecto ejecutivo.
Por esta relación el presidente ha pagado grandes costos: tener la menor aceptación de la historia, un aura de corrupción y desconfianza, además de un desprestigio que lo seguirá toda la vida. La Presidencia de la República es la mayor oportunidad de servir al país, es el honor más grande al que pueda aspirar un mexicano. No sé qué hay de fondo en esta tormentosa relación del presidente Peña con las empresas constructoras, pero ahora a punto de terminar el sexenio la pregunta es: ¿habrá valido la pena?
@LuisHFernandez
