Madrid.- La asamblea legislativa de California ha aprobado una ley que prohíbe pagar con fondos estatales los viajes que se hagan a cualquiera de los Estados que pertenecen a la Unión y han aprobado leyes mediante las que se acepta la discriminación por razones de sexo o género.
La lista de tales estados se actualizó el pasado 23 de junio y alcanza al día de hoy a los de Alabama, Kansas, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Tennessee y Texas. La prohibición no alcanza a todos los viajes; se permiten aquellos que sean necesarios para obtener una beca, formarse para ocupar un cargo, proteger la salud pública, el bienestar o la seguridad y comparecer ante los tribunales.
Dicho de otro modo, el Estado de California se declara beligerante ante aquellos gobiernos federales que permitan la discriminación sexual. Estos días en los que, a consecuencia de la celebración en Madrid del Día mundial del orgullo gay, tanto se habla de los derechos y de su defensa en ese terreno, no he leído en parte alguna que se le reconozcan a California sus méritos en favor de la igualdad. Pero como soy incapaz de leer todo lo que se publica y escuchar todo lo que se dice, quizá se me haya escapado.
Aprobar una ley como la de la Asamblea de California es algo admirable. Pero tal vez aún lo sea más el que en los Estados Unidos se disponga de una organización federal de las de verdad, una que otorga a los distintos Estados y territorios la capacidad de hacer lo que los legisladores californianos han hecho. La trampa mortal para la libertad, la democracia y las ideas que es la corrección política queda por completo en el cajón de los olvidos cuando un Estado puede declararse enemigo de la forma de plantear la convivencia de otro, y lo hace.
Me pregunto si ahora que está sobre la mesa en España la necesidad de reformar la Constitución, dando paso a una fórmula más eficaz de relación entre lo que hasta ahora han sido comunidades autónomas, no sería cosa de analizar, entender y aplicar el ejemplo californiano.
De manera muy distinta nos habría ido a los españoles si, ante la aprobación de leyes autonómicas que socavan los derechos de todos los ciudadanos a la igualdad, los Parlamentos de cada Comunidad Autónoma se hubiesen declarado contrarios a las normas absurdas.
Cabe poner ejemplos casi pintorescos, como el de la inclusión en el estatuto de autonomía andaluz de un precepto que otorga a esa Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión ¡del flamenco! ¿Por qué razón no podría un tablao gallego, catalán o vasco promover y difundir el cante jondo? Pero si esa vertiente legislativa cae en el absurdo, hay otras que suponen una sacralización de los conflictos.
No es necesario adentrarse por los cauces del proyecto de independencia de Cataluña para entender que existen normas autonómicas lesivas respecto de otros ciudadanos. Y California nos ha enseñado lo que hay que hacer.
