El próximo 12 de septiembre México cumplirá 86 años de pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la cual ingresó en 1931. Y a la fecha, de los 188 convenios adoptados por la organización nuestro país ha ratificado solo 78, dejando pendientes algunos relacionados con el pleno ejercicio de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, como el 189, concerniente al trabajo digno para las empleadas domésticas; el 176, referente a la seguridad y salud en las minas; y el Convenio 98, sobre el derecho a la libre sindicalización y negociación colectiva.

Por décadas la negativa de las autoridades mexicanas para ratificar el Convenio 98 se sustentó en que la Ley Federal del Trabajo contemplaba la denominada cláusula de exclusión por separación, mecanismo afín a los intereses patronales y los sindicatos blancos y charros, que de esta manera podían separar de sus empleos a todos aquellos trabajadores que no se plegaran a sus arbitrarias y antidemocráticas decisiones. Tal situación anuló su libre determinación a constituirse en sindicatos independientes que realmente lucharan por sus intereses. Todo intento de disidencia era de inmediato anulado con la amenaza de despidos.

Este mecanismo facilitó el surgimiento de los llamados contratos de protección, negociados a espaldas de los trabajadores y de cuyo contenido nunca eran enterados; peor aún, ni siquiera conocían, al menos por nombre, a sus supuestos dirigentes.

Con la aprobación de la reforma laboral y su puesta en marcha el 1 de diciembre de 2012, la referida cláusula contenida en el párrafo segundo del artículo 395 fue suprimida quedando en el lógico entendido de que ya no había razón alguna para no suscribir el Convenio 98 de la OIT. ¿Qué ha pasado entonces?

El próximo año concluirá el sexenio y tanto la dependencia del ramo como el Senado han empleado diversos artilugios para evadir el tema, pese a que en marzo de 2015 la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, instó al titular del ramo a avanzar en la defensa de los derechos laborales en México, entre estos, el tema del mencionado convenio.

Ratificarlo es prioritario pues no solo permitirá la libre organización y el empoderamiento de los trabajadores en la defensa de sus derechos, sino además, el obtener justicia en caso de que se les niegue el derecho al trabajo por ser parte de un sindicato o dejar de serlo. El fin de los sindicatos blancos, charros y los contratos de protección. Ni más ni menos.

De acuerdo con voces del Senado, la aprobación dependerá del visto bueno que otorguen de manera unánime el gobierno, patrones y sindicatos, con la CTM al frente; la comisión tripartita contemplada en los estatutos de la OIT. Por supuesto que las agresiones a sindicatos independientes como el SME, Mexicana de Aviación, los mineros y la legalización de la tercerización laboral a través de las outsourcings permiten anticipar que la tecnocracia neoliberal dará prioridad a la voz empresarial que ha calificado de “nocivo” el Convenio 98. Es improrrogable que los trabajadores alcen la voz exigiendo su ratificación y la de otros más como el 189 y 176, que deben recuperar sus derechos y alentar el sindicalismo independiente.