Entrevista con Marco Tulio Ruiz | Abogado penalista

La justicia mexicana enfrenta una prueba crucial: probar las imputaciones de la PGR y de la Fiscalía del estado de Veracruz al exmandatario Javier Duarte, hoy, uno de los personajes más odiados por ser símbolo de corrupción y del infame desvío de fondos públicos en esa entidad. Su acérrimo enemigo, el gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió que no permitirá que por “una triquiñuela ilegal quede libre” y pidió que se le cite como testigo en el caso.

Anunció que aportará a la PGR las grabaciones de las charlas que sostuvo con los presuntos socios de Javidú —Javier Duarte— que acreditan que en Veracruz no hubo un gobierno sino “una banda de delincuentes organizados”.

Yunes aprovechó el paupérrimo desempeño de los fiscales en la primera audiencia —el mandatario estatal enfrenta severas críticas en la entidad por el crecimiento de la violencia e inseguridad— para ratificar su demanda de investigar a Fidel Herrera y a la exprimera dama Karime Macías “que estaba al tanto de los negocios de su esposo” —quien actualmente vive en Londres junto con 16 miembros de su familia—, y aseguró contar con las grabaciones que lo probarían.

La primera audiencia ante el juez del reclusorio norte, realizada el pasado 17 de julio, puso más presión al gobierno ya que solo sirvió para dar pie a las críticas y a los rumores que aseguran que más temprano que tarde, el ex mandatario veracruzano saldrá libre.

Y es que en el juzgado brilló la inconsistencia y la impericia de los representantes de la PGR, quienes incluso fueron reconvenidos por el juez que les había otorgado la orden del aprehensión del exmandatario veracruzano. Incluso el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a pedir “tener fe” en la institución.

El sábado, 22 de julio, se realiza la segunda audiencia, en el marco del recién estrenado sistema penal acusatorio, donde se espera que los fiscales presenten pruebas que permitan al juez vincular, o no, a Duarte a un proceso por delitos del fuero federal.

Siempre! charló sobre el caso con el abogado penalista Marco Tulio Ruiz, quien también lleva el caso del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington —preso en Italia a la espera de su extradición a México o a Estados Unidos, donde también es requerido.

Acusaciones endebles, sin sustento

¿Qué piensa de la actuación de la PGR en el caso Duarte?

Por lo dicho en los medios, en la audiencia inicial, los fiscales fueron inconsistentes en sus señalamientos al grado que el juez les llamó la atención por exponer cifras incongruentes y contradictorios.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal Martha Estela Ramos, Duarte habría dirigido entre 2011 y 2016 una organización criminal que operó en la Ciudad de México, Veracruz y Campeche, para crear empresas fachada.

Cuando se le imputa a una persona los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero como sucedió, este tipo de imputación presenta cierto grado de dificultad porque tiene que ser consecuencia de una investigación exhaustiva, donde el Ministerio Público (MP) tiene que acreditar cada uno de los eslabones que conforman la supuesta organización criminal. Probar que haya habido conocimiento y convencimiento de parte de todos los involucrados. Conocer las circunstancias en que se iban a desplegar las conductas ilícitas. Además, hoy en día, la delincuencia organizada tiene muchas vertientes. Se da no solo en los temas de narcotráfico sino también en el sector empresarial y dentro del propio Estado.

La imputación que se hace a servidores públicos respecto a delitos de delincuencia organizada presenta cierto grado de dificultad porque en el Estado se da necesariamente una estructura vertical, una relación jerárquica: alguien que manda, otros que obedecen para realizar distintas tareas pero también existe una estructura horizontal.

Esto es, se diversifican las tareas, a veces el que idea el plan criminal, no necesariamente lo ejecuta y el que lo idea está muy distante de la persona que ejecuta el hecho y con una situación muy importante, muchas veces quienes ejecutan el hecho son personas que pueden ser intercambiables, por decirlo de alguna manera, son fungibles.

Los fiscales deben acreditar la existencia de cada uno de los eslabones que participan en esa cadena para establecer quién es el protagonista principal. No olvidemos que en el nuevo sistema de justicia penal opera la presunción de inocencia en contra de cualquier imputado, en tanto no exista una sentencia por parte de un juez que lo declare penalmente responsable.

Los fiscales tienen la obligación de integrar carpetas de investigación con elementos sólidos, congruentes, que los indicios estén enlazados de manera lógica y natural, para que al partir de la verdad conocida, se pueda llegar a la verdad que se busca. Si no se hace un trabajo profesional y por fiscales especializados en la investigación de este tipo de delitos, las acusaciones serán endebles, improvisadas y, repito, por la presunción de inocencia, el acusado podrá desplegar todos los medios de defensa a su alcance y desafortunadamente las acusaciones se desvanecerán, caerán y los jueces pondrán en libertad a aquellas personas a quienes no se les sustente con pruebas fehacientes una responsabilidad.

 

Audiencia inicial, socavón de la justicia

¿Qué hay respecto de las acusaciones de la Fiscalía veracruzana sobre peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal? ¿Qué peso tienen en este proceso?

Son ilícitos tipificados en el código penal del estado de Veracruz, en ese sentido, la procuraduría del estado ya ejercitó acción penal. Sucede lo mismo que está pasando a nivel federal ante una consignación por la acreditación de la corporeidad de estos ilícitos, se libró una orden de aprehensión.

Hasta donde tenemos conocimiento, la defensa interpuso un amparo en contra de esta orden de aprehensión, se le concedió una suspensión provisional, se le fijó una garantía para el efecto de que en lo atinente a su libertad personal respecto a esas imputaciones, Duarte queda a disposición del juez de distrito. Obviamente este revisará también si las imputaciones que le hace la fiscalía estatal tienen sustento, si están acompañadas con pruebas idóneas, de lo contrario el amparo será para que quede sin efecto esa orden de aprehensión, puede ser que le nieguen el amparo y se continúe con proceso respecto a esos ilícitos ante el juez competente del estado de Veracruz.

Para algunos, este caso se ha convertido en una farsa, que se alargará hasta después de los comicios de 2018 y después Duarte saldría libre…

Por hacer alguna analogía, lo sucedido en la audiencia inicial de Duarte, es un socavón en la procuración de justicia. Al frente de la PGR y las fiscalías debe existir gente especializada conocedora de los delitos, de los tipos penales que se manejan. Los que tienen a su cargo la investigación de estos ilícitos: delincuencia organizada, lavado de dinero o delitos cometidos por servidores públicos, deben ser peritos, con experiencia suficiente no solo en la investigación sino en el litigio para sostener sus imputaciones ante los jueces o, de lo contrario, las investigaciones son improvisadas y repercuten en contra de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

La ciudadanía percibe que hay una garantía de impunidad hacia los servidores públicos que se ven involucrados en la comisión de ilícitos; una desconfianza tremenda que ya ha generado un hartazgo social porque desgraciadamente la ciudadanía tiene la percepción de que en este país no pasa nada.

 

Se pueden ampliar las imputaciones

Está la audiencia de este sábado, se espera que se presenten más pruebas ¿qué expectativas tiene al respecto?

No creo que en tan breve término los fiscales puedan computar mayores elementos de los que ya tienen para tal efecto, insisto, se requiere una investigación exhaustiva que no creo esté concluida para el sábado 22 de julio. Debemos estar atentos a ver qué pruebas se presentan y a la resolución que dicta el protagonista principal, que es el señor juez.

Especialistas en Derecho señalan que Duarte debe ser juzgado por los delitos por los que se solicitó su extradición y si hay nuevas ilícitos, pedir al tribunal de Guatemala que amplíe las imputaciones, ¿es posible?

De acuerdo a los tratados de extradición que se tienen firmados con diversos países, la extradición únicamente se otorga por los delitos que fueron acreditados ante el país requerido y no se puede ampliar la gama de delitos que se le imputan si no es con previo consentimiento del país ante el cual se solicitó la extradición.

Es posible hacer la ampliación, de manera que la Procuraduría de México tendría que integrar una carpeta de investigación por esos diversos ilícitos y una vez integrada en cumplimiento al tratado de extradición requerir el consentimiento de Guatemala para que se pueda ampliar el ejercicio de la acción penal en contra de Javier Duarte, o de lo contrario México estaría faltando a su palabra en este tipo de temas.

Existe una etapa de investigación que se da después de la vinculación al proceso, en la cual la PGR puede ahondar en sus investigaciones y perfeccionar sus carpetas de investigación. En esta etapa la defensa tiene derecho a intervenir, a estar presente y objetar las investigaciones que haga la PGR. Estimo que la defensa de Javier Duarte va a realizar todas las actuaciones necesarias para desvirtuar las imputaciones que se hagan o que puedan surgir de esa nueva investigación.

¿Qué expectativas tiene del caso?

En este tipo de temas no cabe hacer especulaciones porque como abogado se debe analizar una a una las pruebas que tiene la Procuraduría, analizar las pruebas que tiene en su favor el imputado y conocer los criterios que ha emitido nuestra Suprema Corte en la valoración de las pruebas. Hay una diversidad de elementos que inciden en la realización de juicios valorativos por parte de la fiscalía, de la defensa, del juez, de manera que es muy difícil predecir cuál va a ser el resultado de este juicio.

Es un proceso que va a durar y van a operar factores políticos, por supuesto, que estará inmerso dentro del proceso electoral que va a vivir el país el año que entra.

Creo que pasará mucho tiempo después de las elecciones de 2018 para que este juicio llegue a una sentencia en primera instancia, de manera que debemos estar atentos, ser prudentes y no aventurar ningún tipo de juicio.