El domingo 30 de julio, día en que aparecerá el ejemplar semanal correspondiente de la revista Siempre!, Venezuela estará al borde de una guerra civil.

La convocatoria de Nicolás Maduro para que ese día los venezolanos voten para formar una “Asamblea Constituyente”, a todas luces ilegal, representa el más descarnado gesto dictatorial del sucesor de Hugo Chávez contra el órgano legislativo venezolano –la Asamblea Nacional–, que representa legítimamente la soberanía de ese desdichado pueblo digno de mejor suerte.

El capricho de Nicolás Maduro por eternizarse en el poder empuja a los venezolanos a un enfrentamiento que podría bañar en sangre a la sociedad de la República Bolivariana.

De tal suerte, la comunidad internacional debería actuar con mayor esfuerzo para tratar de que el dictadorzuelo “que habla con los pajaritos” no divida más al país, ni polarice las fuerzas políticas.

En poco menos de cuatro meses de protestas populares contra el chavismo, el balance de vidas perdidas supera los cien muertos, infinidad de heridos y el rimbombante mandatario “bolivariano” ya tiene llenas las cárceles de Caracas y otras ciudades con presos políticos.

Aunque logre con sus paniaguados diputados una Constitución a su medida, el repudio popular no se reduciría porque lo esencial es que el sistema de gobierno implantado por Chávez y mantenido por Maduro es un fracaso.

La increíble riqueza petrolera venezolana, la mayor de su historia, ambos personajes la tiraron a la basura, en aras de sostener regímenes bananeros que también han fracasado como el de Cuba, Nicaragua y otros que han sobrevivido gracias a las divisas del oro negro venezolano. La cornucopia bolivariana ya no da para más.

Los hermanitos Castro, entre otros vividores profesionales de “izquierda” se la acabaron. Ahora, en La Habana, temen las repercusiones ante una imperiosa caída del gobierno de Caracas.

Lo que Venezuela vivirá este domingo 30 de julio es una pantomima con la que el régimen chavista pretende eliminar cualquier forma de oposición. Esa es la verdad monda y lironda. No se puede mistificar la realidad. No es el momento de disfrazar los hechos.

Venezuela es una dictadura “democrática” que hundió al país en la pobreza en menos de dos décadas. Lo peor del caso es que cuando el chavismo caiga –tarde o temprano– la nación venezolana tardará muchos años para recuperarse. Muchas generaciones sufrirán los errores de líderes mesiánicos que condujeron a un rico país al desfiladero, como flautistas de Hamelin.

Pese a los llamamientos y esfuerzos de varios gobiernos hispanoamericanos Maduro y sus seguidores han hecho caso omiso de los mismos. Enfebrecidos, ya cruzaron la línea del no retorno. En foros internacionales ya se habla de presentar al líder bolivariano y sus secuaces ante la Corte Penal Internacional acusados de delitos de lesa humanidad.

La comunidad internacional no debería permanecer impasible frente a la tragedia de este gran país iberoamericano que tuvo la desgracia de caer en manos de dirigentes sin escrúpulos. La democracia debe retornar a Venezuela en forma pacífica. Por desgracia esta posibilidad no está al alcance de la mano.

El referéndum convocado por la oposición para que el pueblo votara a favor o en contra de la propuesta de Maduro para elegir una Asamblea Constituyente, fue clara. Más de siete millones de venezolanos votaron en contra.

El régimen sabe que su impopularidad crece día con día. Y al heredero de Chávez lo sostienen las fuerzas armadas, la burocracia repleta de militares, y una larga cohorte de familiares que esquilman las cada vez más raquíticas partidas para adquirir alimentos y  medicinas.

Hasta que el presupuesto aguante, pero la liga ya no se puede estirar más. Desesperado, Maduro depende cada días más de las fuerzas armadas. Y, en abril pasado anunció en su estrambótico programa de radio y TV semanal su intención de armar a un millón de civiles de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de apoyo a las Fuerzas Armadas.

El primer paso consiste en llegar a 500,0000 milicianos, aunque la meta es “la organización y entrenamiento de un millón”. A todos les prometió un fusil. Es claro que esta asociación de la política con las armas corrompe, aún más, la convivencia pacífica de los venezolanos. Para que nada falte, en días pasados, después del referéndum convocado por la oposición y ante la millonaria participación popular, el esposo de Cilia, lanzó por los medios otra de sus bravuconadas: “Lo que no aseguramos por las urnas, lo haremos por las armas”.

Y, en apoyo del jefe, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un vídeo difundido en Twitter, enfundado en traje de combate, disparando con una pistola en un campo de adiestramiento declaró: “un poco de entrenamiento individual, con mis compañeros de armas aquí, usando las armas de la República para garantizar nuestra independencia. Para eso son las armas, nuestra soberanía”. Más claro, ni el agua. Para eso son las armas. Esa es la “democracia bolivariana” de Nicolás Maduro.

En tanto llegaba la fecha clave, la hora cero para el régimen chavista, el antiguo chofer de autobús, convertido por disposición de Hugo Chávez en su heredero, durante el fin de semana pasado dispuso otra ofensiva contra la oposición que domina la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones legislativas.

Resulta que la mayoría legislativa designó un Tribunal Supremo paralelo en contrapartida del oficial Tribunal Supremo de Justicia que está a las órdenes de Maduro. La designación de los 33 nuevos magistrados se hizo en una sesión al aire libre en la plaza Alfredo Sadel de Caracas, uno de los bastiones que controlan los contrarios al régimen.

De hecho, dicha fuerza mayoritaria dio un paso firme con el propósito de establecer un gobierno paralelo al chavista, con lo que se propició un inevitable choque de trenes con el Ejecutivo, pocos días antes de los comicios para constituir la discutida Asamblea Constituyente.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), la coalición de organizaciones opositoras que ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en las elecciones anteriores, asumió el nombramiento de los 33 togados como un mandato de los más de siete millones de venezolanos que el domingo 9 votaron en un plebiscito “no oficial” en contra de la Constituyente.

Esta decisión obedeció a que la oposición no reconoce la designación de los magistrados en funciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre de 2014 y enero de 2015 por parte de la Legislatura saliente que estaba dominada por el sucesor de Chávez, poco después de la victoria electoral de la actual mayoría opositora y antes de que ésta tomara posesión en la Cámara.

El proceso fue muy cuestionado por la oposición porque la mayoría de los togados mantenían fuertes nexos con el régimen. Así, los nuevos jueces fueron propuestos por un comité de postulaciones que tuvo el concurso de representantes de la sociedad civil, según establece la Constitución.

Claro que la reacción chavista fue de pronóstico reservado. Según el gobierno, este “Tribunal Supremo” tiene connotaciones de insurrección. Las autoridades judiciales al servicio de Maduro pidieron que los recién elegidos fueran detenidos y encarcelados por usurpar funciones, así como al comité de postulaciones.

La primera víctima de esta reacción fue el catedrático Ángel Zerpa Aponte, detenido en Caracas. El arresto de Zerpa confirmaba la advertencia lanzada el viernes 21 de julio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo oficial, que denunció que la toma de posesión de nuevos magistrados era “extemporánea” e irritante.

El caso es que varios de los recién nombrados expresaron a la prensa su temor a ser arrestados.  Así, el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, aseguró que la detención de Zerpa suponía el inicio de una redada: “¡Se ordenó al SEBIN (policía secreta) buscar y detener a los recién nombrados magistrados del TSJ! ¡Y a los detenidos ponerlos a la orden de la Fiscalía Militar!”.

Hasta el momento de escribir esta crónica no se sabía de más detenciones, pero Nicolás Maduro dejó en claro que Zerpa no sería el único. “Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, unos por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, lanzó Maduro en su programa semanal de televisión. Como todo un poderoso dictador. Ni más, ni menos.

Así están las cosas en los llanos venezolanos. El domingo 30 de julio, es la hora cero. VALE.