De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el 39% de la población privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, que se realiza por primera vez en el país, se aplicó a 64 mil 150 personas de 18 años y más, de los 211 mil internos en alguno de los 338 Centros Penitenciarios federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas.
La encuesta reveló que 21% de las personas que están en prisión fueron sustraídas de algún lugar y encarceladas sin contar con una orden de aprehensión de ningún juez, mientras que casi 50% de quienes se encuentran en esta situación se declararon inocentes ante el juez, pero permanecen en la cárcel.
Tras ser arrestados, en la mayoría de las ocasiones por policías ministeriales o municipales, 75% de las personas que se encuentran internas sufrió violencia psicológica en el momento de su arresto, por ejemplo; mientras que 63% padeció algún tipo de agresión física.
El estudio realizado por el INEGI, indicó que 62% de las personas privadas de su libertad rindieron su declaración en el Ministerio Público, pero casi la mitad reportó que fue presionada por las autoridades para dar otra versión de los hechos.
De los internos, 47% se declararon culpables pero en condiciones de agresión física, presiones o por recomendación de su abogado o de personal del propio Ministerio Público.
Juan A. Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, señaló que “como toda la información que pone a disposición el INEGI, en esta ocasión es un retrato fiel de lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios y la experiencia que han tenido las personas para llegar a ellos, así que es el momento de comenzar a ejercer acciones en cada uno de los distinto ámbitos que las autoridades tiene atribución”.
Acotó que “los mensajes son muy claros para las autoridades municipales, estatales y federales, para las policías, de procuración de justicia y judiciales, así como para la parte de los centros de readaptación y los penitenciarios, cada uno tienen que tener acciones especificas”.
Santaella ratificó que “desafortunadamente la impartición de justicia es un proceso complicado en el que se involucran muchas etapas y que se tiene que ver que todas funcionen adecuadamente”.
“Esperamos que en tres años se pueda realizar otra encuesta de este tipo para saber la evolución de los resultados y, entonces, sí tener un referente en el tiempo”, apuntó.
(Con información de El Universal y Milenio)