Como si tuviera autoridad política o moral, el gobierno mexicano, mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró que “no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada este domingo en la República Bolivariana de Venezuela” y lamenta que el gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos “comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente”.

En su torpe y descarado injerencismo, la Cancillería mexicana declara, como si fuera un observador imparcial y autorizado, que los comicios celebrados en Venezuela no se apegan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tan grosera estulticia nada tiene que ver con los intereses del pueblo mexicano ni con nuestra tradición en materia de política exterior, la cual siempre defendió los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Hoy, muy lejos de aquella digna política, el actual gobierno ha convertido a México en pelele de los gringos y es punta de lanza de la intervención de Washington en Venezuela.

Por supuesto, es difícil estar de acuerdo con un gobernante tan lerdo como el señor Nicolás Maduro, quien ha dado repetidas muestras de incapacidad política ante un amplio movimiento social en el que militan contingentes de todo signo, lo que expresa el hartazgo de una gran porción del pueblo venezolano. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que junto a la protesta legítima actúan grupos terroristas que agreden, destruyen y matan, aunque las agencias informativas, emisoras como CNN y otros medios se solazan informando sólo de los traspiés de las fuerzas gobiernistas y guardan un interesado silencio ante las tropelías de ciertos núcleos opositores.

Tampoco se puede ignorar el interés de Estados Unidos por recuperar el petróleo de esa nación hermana, ni mucho menos que, en ausencia de apoyo popular, el actual gobierno mexicano se muestre dispuesto a cualquier indignidad, como lo ratifica todos los días el infausto Luis Videgaray.

Hay que preguntar a las autoridades mexicanas qué les parecería que el gobierno de otro país desconociera el resultado de las recientes elecciones en el Estado de México, ese sí un sucio y monumental ejemplo de compra de votos, intimidación de los electores, campañas difamatorias e incluso agresiones físicas, en suma, un completo catálogo de recursos antidemocráticos.

Y mientras tanto, el Senado guarda un ominoso silencio y los partidos prefieren voltear para otro lado.