Por Irma Ortiz, Emma Islas, Nora Rodríguez y Armando Reyes

En 1997, al resultar ganador —por primera vez en la historia— en la elección de la jefatura de gobierno del, en ese entonces, Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas hizo un compromiso formal: “quitarles la ciudad a los delincuentes”.

Luego de 20 años de gobiernos perredistas, no se ha logrado hacer realidad esa promesa. Luego de Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador enfrentó la llamada Marcha Blanca que congregó a cientos de miles de personas, en junio de 2004, en protesta por la inseguridad, quienes recibieron como respuesta el calificativo de “pirruris” de parte del jefe de gobierno.

López Obrador también enfrentó el linchamiento de dos policías federales en Tláhuac, ante lo cual solo atinó a decir que no había que meterse con los usos y costumbres de los pobladores y cobijó a un Marcelo Ebrard que había sido cesado como secretario de Seguridad Pública de la capital por el presidente de la república, Vicente Fox, al nombrarlo secretario de Desarrollo Social, cargo del cual pasó a ser candidato para la jefatura de gobierno.

Con Ebrard, el tema de la inseguridad se mantuvo en índices similares a los de su antecesor, a pesar de haber invitado a Rudolph Giuliani para retomar su estrategia de tolerancia cero para la urbe como secretario de Seguridad Pública en la administración anterior.

Su programa Ciudad Segura se vio opacado por el episodio de la muerte de 9 jóvenes en la discoteca News Divine, motivo por el cual renunciaron el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y el procurador de Justicia, Rodolfo Félix, quien fue sustituido por Miguel Ángel Mancera.

Este último se convirtió en candidato a jefe de gobierno en las elecciones de 2012, las cuales ganó. Una frase ha definido su gobierno ante el tema de la inseguridad: “no tenemos ninguna notificación de las autoridades federales, ni de la Marina, ni del Ejército, de que aquí en la Ciudad de México hubiera un foco rojo (crimen organizado)”, por lo que ha negado en distintas ocasiones que haya grupos delictivos, pese al operativo de la Marina en Tláhuac.

Siempre! se dio a la tarea de revisar este tema, abordando la evolución que este fenómeno ha tenido en las calles de la capital del país, la colusión entre autoridades políticas y delincuentes, y el costo de negar la presencia del crimen organizado en la ciudad.

¿Quién gobierna la CDMX? La gran incógnita

Al hablar sobre quién gobierna la Ciudad de México y el porqué se ha dejado crecer el crimen organizado a tal magnitud que haya casos como el de Tláhuac, en donde por primera vez en la capital se pudo ver cómo marinos se enfrentaban a narcos, Gabriel Regino, especialistas en temas de seguridad y exsecretario de Seguridad Pública, asegura que todo obedece a un debilitamiento institucional motivado por la desatención del gobierno actual que, en primer lugar, niega la presencia del crimen en las calles de la ciudad, a tal grado que es difícil saber quién gobierna la CDMX, “esa es la gran incógnita que todos tenemos”.

Hoy —dice—, al igual que en grandes ciudades como Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Tijuana, o destinos turísticos como los Cabos o Cancún, es un mal que está aquejando a la capital desde hace años; “desde el levantón de jóvenes en un bar de la zona rosa no se tomaron las precauciones correspondientes, no hubo un giro en materia de inteligencia, prevención de la criminalidad, al contrario se minimizó el caso y fuimos testigos de cómo la zona Roma-Condesa se convirtió en una zona de disputa”.

Luis de la Barreda Solórzano, coordinador —fundador— del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que la presencia del crimen organizado en la capital “no es algo novedoso”. A diferencia de Gabriel Regino, Barreda asegura que está infiltración del crimen quedó muy clara desde 2004, cuando durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una turba linchó y quemó —­­en vivo y en directo por la televisión nacional— a tres policías, administración en la que estaba en funciones el propio Regino.

“Ni el jefe delegacional, ni el jefe de la policía del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ni el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, movieron un dedo para rescatarlos, no obstante que todos estábamos presenciando angustiosamente ese linchamiento. Posteriormente, no persiguieron a nadie penalmente. El jefe de gobierno dijo que con los usos y costumbres del pueblo no había que meterse. Desde entonces tuvimos una clara manifestación de la presencia del crimen organizado”.

El linchamiento en Tláhuac

Sobre el tema del linchamiento en Tláhuac, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino acepta que previo a este linchamiento se sabía de la presencia de grupos organizados, afines a grupos radicales, “llamémosle por su nombre: guerrillas, en forma concreta, EPR”.

“Cuando se detiene a los agentes fue porque estos habían pertenecido al CISEN, al ser reconocidos comenzaron a seguirlos. Las células del EPR dejaron corren el rumor de que en la zona robaban niños, por ello se incrementó el patrullaje y se aplicaron los códigos águila en las escuelas”. Sin embargo —señala— ante la PGR no hubo ninguna denuncia en concreto por la desaparición de los menores, “aun así era un tema que estaba latente”.

Narra que al ser detenidos los agentes, los miembros del EPR lograron desarmarlos pues conocían el manejo de las armas, “les quitaron la bala de la recámara, los cargadores, y dejaron correr el rumor de que los agentes eran los que estaban secuestrando a los menores. De esa manera se tocaron las campanas del pueblo y se generó la circunstancia que se conoce”.

Desde esos tiempos —asevera— Tláhuac representaba, junto con Milpa Alta y Xochimilco, un foco de atención, “la comunicación con los dirigentes y la presencia policial no siempre es bien vista en esos lugares que tienen identidad propia, no de ciudad, sino de pueblos. Por ello, se incrementaron los rondines, ya que en las áreas dónde no se quieren policías, es porque están protegiendo actividades criminales”.

El arribo de los Beltrán Leyva a la CDMX

Gabriel Regino afirma que el crecimiento del crimen organizado en la capital ha sido expuesto por diversos medios de comunicación desde 2015, “con pelos y señales se han dado datos de los movimientos de gente de los Beltrán Leyva. Pero a pesar de eso, las autoridades no han actuado en materia de prevención del crimen, es como si no pasara absolutamente nada”.

Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede) y coeditor del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, coincide con Gabriel Regino y detalla que la presencia de los Beltrán Leyva en la Ciudad de México y el control que ejercieron en el Aeropuerto de la capital marcaron la expansión del narcomenudeo, “cuando lograron tener un control muy importante, establecieron una serie de rutas en la CDMX para trasladar desde el Aeropuerto hacia diferentes laboratorios y puertos del Pacífico los precursores para elaborar metanfetaminas”.

“Desde ahí vemos una presencia importante de un grupo criminal, con capacidad para el trasiego de drogas a escala nacional. En los siguientes años, de 2010 a 2013, se empieza a ver la presencia de grupos criminales como el cartel del Golfo, el cartel de Los Zetas que también tenían cierto control sobre el narcomenudeo, y con capacidad para tener presencia en ciertos restaurantes y bares de Polanco, de la Roma, de la Condesa”.

En esos años —indica— el cartel del Golfo y Los Zetas todavía tenían una estructura fuerte con presencia nacional e incluso en Centroamérica, lo que les permitía ejercer una fuerte presión de control. A la par, Armando Rodríguez destaca que en la capital apareció un grupo criminal llamado “La Mano con Ojos” que tenía capacidad de operación en el sur de la Ciudad de México y en el Estado de México”.

“Esta organización tomó parte de la estructura de los Beltrán Leyva, lo que buscó fue lo mismo: tener un control territorial mucho más acotado y gradualmente cambiar su capacidad para accionar; sin embargo no lo logró. Uno de sus líderes, apodado el Compayito,, fue detenido”.

Sobre este criminal, el especialista afirma que era un tipo bastante violento que logró extender su capacidad a partir de la violencia, “fue muy poco el tiempo que duró como líder y por lo tanto no ejerció una presión de predominio en la Ciudad de México. Por eso apareció este grupo criminal que ahora opera en Tláhuac, y que es un desprendimiento o una especie de variación de “La Mano con Ojos”.

Explica que lo más relevante de este nuevo grupo es que logró extenderse y asentarse dentro de la delegación Tláhuac, y de esa manera colocar a gente de su estructura criminal, dentro de la estructura de gobierno a escala delegacional. “Para lograr asentarse de manera sólida dentro de la delegación estableció un mecanismo de cooptación y corrupción sobre áreas de seguridad y justicia de la Ciudad de México”.

Dice que hay que recordar que en el caso de la CDMX, la seguridad pública está centralizada desde el gobierno, por lo que no está a cargo de las delegaciones, “lo que representa un llamado muy fuerte de atención, porque uno no puede saber en realidad hasta qué grado se encuentran infiltradas las estructuras de seguridad pública por los grupos criminales”.

Respecto a cuántos grupos delictivos operan en la capital, Armando Rodríguez señala que en un principio se suponía que operan dos grandes grupos criminales: uno el del cartel de Tláhuac y el otro la Unión Tepito, del cual dice que también ha tenido una presencia mediática importante en los últimos cinco años quizá; “lo más relevante en términos de violencia fue aquel episodio en un bar en la Zona Rosa. Lo que sabemos es que es un grupo que, más allá de la zona de Tepito, opera en diferentes delegaciones y que controla, sobre todo, el narcomenudeo.

Armando Rodríguez destaca que de los grupos criminales que siguen operando en la Ciudad de México algunos han sido transnacionales y, a partir de 2011, se ha visto la presencia de grupos criminales con capacidad de controlar solamente una o dos actividades delincuenciales, como puede ser el narcomenudeo y la extorsión.

“No se sabe que dentro de estos grupos criminales que operan el narcomenudeo y la extorsión, también operen el robo a casa habitación, el robo de autos, o secuestros, pues al ser otro tipo de delitos requieren otro tipo de organización. Son grupos que están muy delimitados en sus actividades delincuenciales”.

Al hablar sobre las vías de acceso de estos grupos criminales, Ricardo Ravelo, periodista y director de la revista Variopinto, dice a Siempre! que hay tres o cuatro vías de acceso por donde llega la droga: el Pacífico, Michoacán y Guerrero. “Al llegar al Estado de México, hay operadores importantes, quienes a su vez están conectados con el cartel de Tláhuac”.

“Chalco es otra vía que puede tener su acceso por Chiapas o a través de Veracruz, así como el Aeropuerto de la capital, el cual es otro acceso neural para el arribo de droga, lavado de dinero, junto con el aeropuerto de Toluca”.

Estructuras gubernamentales y políticas, fácil de ser infiltradas

“Nadie está a salvo de ser infiltrado por el crimen organizado, sobre todo cuando desde hace mucho tiempo estos grupos están urgidos de protección política para sus actividades, y esto va creciendo”, asegura Ricardo Ravelo, escritor, periodista y conferencista sobre temas de delincuencia organizada y seguridad nacional.

A veces se dice que pagan justos por pecadores, pero de que hay una amplia participación del crimen organizado en las tareas de poder, organizando campañas, eso ocurre desde hace unos años. Hay un área de estudios municipales del Senado que en 2010 dio a conocer una encuesta que reveló que 70 por ciento de las autoridades municipales del país tenían relación directa o indirecta con grupos del crimen organizado.

En muchos casos —apunta el periodista— se documentó que los alcaldes, y en este caso son equivalentes a los jefes delegacionales, habían llegado financiados por células de Los Zetas, del cartel de Jalisco, de los distintos grupos que, en aras de mantener el control territorial, necesitan tener la complicidad de la autoridad; y cuando esto ocurre, y esto pasa en el 70 por ciento de los más de 2 mil municipios del país, lo que los alcaldes hacen es entregar la plaza, el territorio, la estructura policiaca, porque la ponen al servicio del grupo criminal, obviamente hasta que otro grupo arremete con violencia, las cosas se salen de control y la autoridad policiaca, como está coludida, no tiene capacidad de reacción, la autoridad tampoco, y es ahí cuando tiene que participar la Marina o el Ejército.

El autor de En manos del narco. El nuevo rostro del crimen y sus relación con el poder (Ediciones B) afirma que este fenómeno se repite en todo el país y ya llegó a la Ciudad de México; no se descarta que en algún tramo de la cadena de seguridad de la capital esté el corto circuito, puede ser la policía, el Sindicato Libertad —señalado de proteger este tipo de actividades—, el jefe delegacional, o escalar a estructuras de poder de mayor nivel y jerarquía.

En este momento, la Procuraduría General de la República (PGR), como se dio a conocer después del operativo, investigará todas estas situaciones, el jefe delegacional se puso a disposición de las autoridades, sin renunciar obviamente, pero en algún momento nos tendrán que informar que pasó y, sobre todo, qué se hará en materia de seguridad para que estos fenómenos no se repitan, porque fue una acción de muy alto impacto, pues nos dijeron que la ciudad tenía una suerte de blindaje y que aquí no pasaba nada. Hoy vemos que no es así, que la autoridad puede ser tan corrupta como vulnerable, asegura Ricardo Ravelo.

 

Evitar un Michoacán

Armando Rodríguez Luna, investigador del CASEDE y Luis de la Barreda Solórzano, fundador del Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad (ICESI), del que fue director general, coinciden al asegurar que en este momento no se tienen la pruebas suficientes para vincular a algún grupo político o personaje con el crimen organizado, incluso no se puede vincular a Morena o el PRD.

“Lo que sí es claro, es que hay vínculos con la delegación. Cuando hay presencia en puestos laborales de la delegación de gente asociada con algún criminal, ya podemos hablar de vínculos de por lo menos con la red que se teje alrededor de esta criminalidad organizada”, añade De la Barreda.

De Igual forma se expresa Rodríguez Luna al señalar que lo cierto, “y de eso existe evidencia histórica, es que cada vez que un grupo criminal logra controlar territorios y poblaciones, en este caso la delegación Tláhuac, se ha venido demostrando en los últimos días, en las últimas semanas, esto solamente se logra a través de la vinculación entre grupos criminales y fuerzas políticas, y gradualmente fuerzas sociales, también fuerzas económicos; el ejemplo de Michoacán es el más claro en este sentido, porque fue así como poco a poco fueron cooptando prácticamente toda la entidad federativa, en este caso el grupo de La Familia Michoacana y después Los Templarios; son mecanismos que adoptan en los grupos criminales que quieren tener control territorial”.

Advierte que es muy importante definir cuál es la presencia y la capacidad de los grupos políticos dentro de las demarcaciones de la CDMX. En este caso sabemos perfectamente que en los últimos dos años Morena fue el que tuvo mayor crecimiento en términos de base electoral e incluso de movilidad dentro de las elites del PRD y Morena; estos son mecanismos que sí le permiten tener una mayor presencia en la Ciudad de México.

Sin embargo, “es importante ver cómo es que se ha logrado esa base territorial, esta base social de parte del partido político, evidentemente es necesario investigar a todos y cada uno de los actores con presencia política, social y criminal dentro de la demarcación de Tláhuac. Poco a poco también hacerlo dentro de otras delegaciones, estamos en un proceso ya preelectoral para el siguiente año y muchas fuerzas políticas y sociales están en movimiento.

El problema aquí es cuando estas fuerzas políticas empiezan a moverse también en función de intereses criminales asociados a grupos de la delincuencia organizada. Ahí se tergiversa toda la estructura de poder porque empiezan a mezclarse intereses políticos o sociales con intereses criminales, lo que no podemos permitir en la Ciudad de México, ni en ninguna otra ciudad del país”, asegura el experto en crimen organizado trasnacional.

Rodríguez Luna apunta que se cuenta con instituciones que podrían ayudar a investigar y a empezar a identificar hasta dónde grupos criminales organizados en la ciudad están penetrando estructuras políticas y sociales. Es fundamental realizar investigaciones, monitoreos, sobre el proceso de financiamiento de las campañas que vienen —en 2018— en el caso de la CDMX y, por supuesto, en el ámbito federal. Es fundamental fiscalizar de una mejor manera los partidos políticos, porque quizá son los actores políticos con mayor opacidad dentro de nuestro sistema y es muy importante llevar a cabo mucho trabajo de inteligencia social.

 

Mercados ilegales

Explica que en la Ciudad de México coexisten mercados ilegales de diferentes maneras, desde el ambulante hasta la piratería, obviamente la venta de drogas, de armas; coexisten muchos mercados ilegales y criminales. Cuando estos mercados criminales e ilegales empiezan a ser operados, no solo por delincuentes, sino por actores políticos, empezamos a tener otro tipo de problema, estructuras políticas permeadas más que por actores por intereses criminales, me parece que es cálculo un tanto cualitativo y la Ciudad de México siempre ha tenido presencia de grupos criminales, de narcomenudeo, de mercados ilegales, pero ninguno de estos, en ninguno de los casos anteriores, ha controlado la estructura política, ese paso es el que tenemos que evitar para que no suceda lo que en Michoacán.

El investigador del Casede, explica que la filtración del crimen organizado en las estructuras políticas es de diferentes maneras, la más socorrida es que los grupos criminales que ya tienen una capacidad financiera muy importante se presentan ante candidatos para financiar campañas políticas municipales, como fue el caso de Michoacán, o en las delegaciones, como en el caso de Tláhuac en la CDMX, y a partir de esta presión financiera empiezan a avanzar sus intereses.

“El interés más importante que todo grupo criminal busca cuando se acerca a un político es obtener acceso a otras redes de poder y beneficios para garantizar el control del territorio. En el primer caso, implica acceder a otro tipo de favores que le permitan asentar sus estructuras criminales, sobre todo apalancadas en las estructuras políticas e institucionales, utilizando la estructura de gobierno delegacional, por ejemplo, para obtener información sobre los asentamientos regulares e irregulares, información poblacional sobre cuáles son las principales actividades que se pueden financiar con dinero criminal y por vía ilegal, además por vía de efectivo para generar gradualmente un mayor asentamiento social y legitimidad social”, apunta.

Utilizar la base social de las “instituciones de gobierno para tener información privilegiada en materia de seguridad y de justicia. Hay muchos beneficios que los grupos criminales obtienen una vez que se accede a esas redes políticas y a las estructuras institucionales”.

Otras de las vías además del financiamiento de campañas políticas es a través de garantizar cierta legitimidad social. Por lo regular y en particular en la Ciudad de México se han utilizado los grupos sociales como una forma de generar base política y de obtener una serie de intercambios de poder político; otorga concesiones territoriales, servicios y a cambio estos pequeños grupos sociales van brindando no solo apoyo electoral, sino presión sobre partidos políticos opositores dentro de las demarcaciones.

En este caso —afirma Rodríguez— los grupos criminales también funcionan como mecanismo de control social al financiar ciertas actividades como el despliegue de mototaxis, el financiamiento de ciertas actividades relacionadas con estos aspectos económicos, y por el otro, a partir de la violencia.

“La violencia se convierte en un mecanismo de control social, y para un político, sobre todo quien está iniciando una carrera política, que tiene aspiraciones políticas mayores, establecer este tipo de vínculos le permite garantizar una solidez en su carrera política, aunque la solidez sea de muy corto plazo, entonces son muchas las maneras por las cuales se vinculan y muchos los beneficios que se obtienen”, dice el experto en inteligencia.

 

Alertas y focos rojos

Tláhuac, dice Rodríguez Luna, “está dando ya alertas muy importantes, focos rojos en cuanto a la presencia de grupos criminales que ya cooptan estructuras políticas, eso tenemos que vigilarlo en todo el sistema delegacional y, por supuesto, los actores políticos que ingresan a estas funciones de poder en las delegaciones son los partidos y toda esta pléyade de candidatos que se moverán en diferentes momentos para poder acceder al poder”.

Por tanto, “es ahí donde hay que ejercer una serie de presiones, de investigación, de transparencia, de intercambio, de información, en fin, hay muchos instrumentos que se pueden utilizar y muchas acciones que se pueden llevar a cabo para analizar cómo está el panorama en la Ciudad de México y evitar que se llegue a una situación como lo de Michoacán”. 

Omisión partidista

Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), considera que para saber hasta dónde está infiltrado el crimen organizado en los partidos políticos, “requeriría de un estudio que no se ha hecho, pero es evidente que por lo menos hay una actitud de los partidos omisa para respecto de la denuncia de lo que está sucediendo, los partidos son bastantes cautos y en algunos casos podría pensarse que puede ser temor, pero puede ser algo más, puede ser conveniencia de los recursos que se obtienen de ahí; esto no lo estoy afirmando, sencillamente digo que es una de las especulaciones que se pueden hacer, pero está pendiente un estudio respecto de esta vinculación”.

Autoridades: En CDMX no hay crimen organizado

Las principales autoridades de la Ciudad de México en la materia —jefe de gobierno, procurador y secretario de Seguridad Pública— han negado en reiteradas ocasiones la presencia del crimen organizado. No obstante, las cifras no avalan su afirmación, tampoco lo hacen nuestros entrevistados.

Luis de la Barreda es enfático al señalar que se trata de una cuestión semántica que choca con la realidad.

“El jefe de gobierno dice que (el llamado cartel de Tláhuac) es una red de minoristas, yo creo que lo que estamos viendo tiene todas las características de que estamos ante un cartel; por otra parte, hay que decirlo muy claramente, la diferencia entre cartel y banda de minoristas tiene sobre todo una importancia retórica, sobre todo una importancia para los teóricos, pero lo importante para los habitantes de Tláhuac es que esta presencia del crimen organizado —le llamemos como le llamemos— ocasiona asesinatos, extorsiones y secuestros”.

Para Gabriel Regino, no solo hay presencia de crimen organizado, sino una desatención que ha provocado que el problema se agrave.

 “Desde que ocurrió el levantón de 12 o 13 jóvenes de un bar de la zona rosa (Bar Heaven), no se tomaron las precauciones correspondientes, no hubo un giro en materia de inteligencia, prevención de la criminalidad, al contrario, se minimizó el caso y fuimos testigos de cómo la zona Roma-Condesa se convirtió en una zona de disputa con ejecuciones de dueños de bares, etc. y cómo todo esto fue permeando en asesinatos. El caso de Narvarte, el crimen organizado está obviamente vinculado, pero la autoridad no puso atención y eso permite mayor actuación de parte de quienes integran células del mismo, sea el cartel de Tláhuac o el de los ojos o como les llamen pues ahí está la prueba de que tiene que ser la Marina la que tiene que venir a poner orden”.

Armando Rodríguez recuerda que “en la Ciudad de México existe la delincuencia organizada desde hace décadas, nos hemos remitido en las ultimas dos o tres semanas a la presencia de grupos de narcotraficantes o grupos de carteles, y esto me parece que reduce el tiempo para el análisis”.

 El periodista Ricardo Ravelo cuestiona esta negativa al señalar que “si siguen negando la existencia del crimen organizado entonces cómo fue posible que este grupo haya evolucionado tanto. Todavía no lo dicen y sin duda estaban en ascenso, con un mercado cada vez más amplio, ya habían llegado a la UNAM, en donde con o sin la complicidad de autoridades universitarias penetraron al campus universitario; pues si llegaron ahí es porque hay un mercado de consumo que les importa y, por otro lado, no es el único grupo que opera en la ciudad”.

Ciudad secuestrada

La promesa de Cuauhtémoc Cárdenas apuntaba a quitar la ciudad de las manos de los delincuentes. Actualmente, muchos preguntan si la urbe no está secuestrada por el crimen organizado.

“Quizá sea demasiado fuerte la palabra secuestrada, diría que la Ciudad de México tiene presencia del crimen organizado y tiene la amenaza de que esta presencia se siga extendiendo”, indica Luis de la Barreda.

Ricardo Ravelo completa el panorama desolador de la presencia del crimen en la ciudad:

 “La percepción se alimenta de realidades, los capitalinos no se están imaginando nada a partir de no tener hechos, evidencias que dan cuenta que hay un descontrol en gran parte de la ciudad. Observo también que, por ejemplo, lo que ocurrió en Tláhuac está pasando en la Zona Rosa o ha pasado, hay un rebase de la propia tarea preventiva y este rebase de la autoridad tiene que ver con el hecho de que se salen de control las estructuras criminales que operan este tipo de actividades, entonces hay pugna, lucha, guerra por mercados, hay guerra por el control de territorios y esto trae como consecuencia un descontrol, a tal grado que, como lo vimos, tiene que ser una autoridad federal la que venga a poner orden con un operativo espectacular que no habíamos visto en la ciudad”.

Gabriel Regino, con la experiencia de haber participado en tareas de seguridad pública en el gobierno de la ciudad, se mostró preocupado por la actual situación.

“Todo este crecimiento que exponen varios medios de comunicación desde 2015, con pelos y señales, está dando datos de que eran gente de los Beltrán Leyva y, a pesar de eso, no había ni un solo movimiento por parte de las autoridades. Incluso si se busca en la hemeroteca se va a encontrar que en 2015 o 2016, en Chalco, frontera con Tláhuac, hubo una balacera de la Marina con presuntos integrantes de Los Zetas y a pesar de ello no hubo alarmas”.

Asimismo, Regino recuerda que, ante las constantes negativas del jefe de Gobierno de la CDMX, la realidad le ha demostrado lo contrario. “En una ocasión el jefe de Gobierno dijo que no se necesitaban patrullajes del Ejército ni de la Marina, y ya se vio que no tenía razón…”

Ricardo Ravelo dice que el operativo de Tláhuac “fue una acción de muy alto impacto pues nos dijeron que la ciudad tenía una suerte de blindaje y que aquí no pasaba nada”.

Luis de la Barreda advierte: “en un abrir y cerrar de ojos la Ciudad de México puede escalar los niveles de violencia que hemos visto en otras entidades”.

En esta línea, Armando Rodríguez consideró que “hay muchos instrumentos que se pueden utilizar y muchas acciones que se pueden llevar a cabo para analizar cómo está el panorama realmente en la Ciudad de México y evitar que se llegue a una situación como la de Michoacán”.

Rigoberto Salgado: el delegado que no sabía

Se trató de una comparecencia en la que las respuestas brillaron por su ausencia. Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, acudió a la Asamblea Legislativa de la Ciudad para enfrentar los cuestionamientos de los legisladores locales, en un contexto en el que vecinos de la demarcación montaron pancartas con diversas acusaciones en su contra.

Mauricio Toledo, del PRD, fue uno de los que más azuzó a los vecinos, al grado de responsabilizar a Salgado de su seguridad. Los presentes demandaban información sobre 68 desaparecidos y la inacción del jefe delegacional.

En 4 horas de preguntas y evasivas, Salgado Vázquez se defendió de los severos cuestionamientos de diputados de prácticamente todos los partidos al decir que “hay el interés de destruir la presencia de un partido con el jefe delegacional”, además de poner a disposición de la PGR y la PGJCDMX su teléfono celular y su computadora para que sean investigadas y afirmar que envió 27 oficios a la jefatura de Gobierno de la Ciudad sobre el tema de la inseguridad.

Pero nada contestó acerca de si conocía o no a trabajadores de la delegación quienes presuntamente también colaboran con el llamado cartel de Tláhuac, o si sabía de la relación familiar de algunos de sus subalternos con el líder de dicho grupo criminal, Felipe de Jesús Luna Pérez, además de la adjudicación de contratos a sus familiares. De todo eso, nada respondió como tampoco si había sido amenazado por algún grupo delictivo, como le preguntaron varios diputados.

También salió a relucir el tema de su vivienda, como difundió un medio impreso la mañana de la comparecencia, generando la duda acerca de los recursos para que el jefe delegacional la haya construido. Salgado reviró denunciando que expusieron su hogar y que ahora no era un lugar seguro para vivir.

En la parte final de la comparecencia, Iván Texta, del PRD, tronó por las “nulas explicaciones” del jefe delegacional y pidió que se iniciara el procedimiento de remoción del compareciente, lo que provocó que este se levantará de su asiento y abandonara el recinto. Al salir, Rigoberto Salgado aseguró que había una estrategia para incriminarlo. En el interior, los diputados locales nombraban a los miembros de la comisión jurisdiccional para el proceso de remoción.

Salgado Vázquez, una familia de escándalo

Rigoberto Salgado y sus tres hermanos eran conocidos como Los Galleros y han acumulado distintos escándalos en fechas recientes. Uno de ellos, Rosendo, fue separado de Morena en Durango por una acusación de acoso sexual de parte de la militante del partido Linda Guadalupe Soto Arce. Lo llamativo de este caso es que, pese a la defensa que el propio López Obrador hizo del dirigente estatal, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia destituyó a Rosendo Salgado.

Otro hermano, Ricardo, es líder de los mototaxistas en Tláhuac, señalados como halcones del grupo delictivo que comandaba el Ojos, pero además toma decisiones en la estructura delegacional en materia de seguridad pública, sin ser funcionario, de acuerdo con denuncias periodísticas; y el tercero, Raúl, opera para Morena en Ixtapaluca.