El pasado 5 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, inauguraron el Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca, mismo que fue cerrado después de tres meses a causa de un socavón de cinco metros de profundidad, en el que fallecieron dos personas. El costo de la obra sería de mil 45 millones 857 mil 952 pesos. Sin embargo, la inversión final se duplicó a más de dos mil millones de pesos.

El caso del socavón es tan sólo la punta del iceberg de la corrupción crónica que sufre el país, y que el politólogo Leonardo Núñez González exhibe en el libro ¿Y dónde quedó la bolita? (Aguilar, 2017), en donde lanza una pregunta elocuente, ¿en qué gasta nuestro dinero el gobierno?

Cuando alguien quiere conocer cómo se gasta el dinero público, de manera lógica acude a las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), algo que cada año aprueban los legisladores y que deberían indicar cuánto y cómo se gastará. Pero sólo hay verdades a medias. Núñez González explica que al revisar la Cuenta Pública se encontró que en 16 años de vida “democrática” nuestro gobierno ha gastado 4.1 billones de pesos más de lo que había dicho; que en 2016 se usaron 613 mil millones de pesos más de lo presupuestado, que una cuarta parte de lo que se gasta termina en lugares diferentes a los que creeríamos, o que debimos saber de los desfalcos de Javier Duarte en Veracruz, al menos desde 2013.

En entrevista para Siempre! Núñez González detalla que el libro está “empapado” de ejemplos para persuadir a la gente de que esta problemática sucede porque no estamos vigilando la información que ya existe, “trata de ser un mapa y una provocación para usarlo, y que el ciudadano busque la información que quiera”.

 

-La Cuenta Pública se encuentra a disposición de todos nosotros, sin embargo, pocos saben que existe, ¿es parte de la estrategia burocrática de hacer complicada la búsqueda web del Presupuesto de Egresos para desistir?

Es una combinación de cómo está diseñado el sistema, en el cual se presenta el informe para que nadie le ponga atención. Lo más importante no es que sea difícil acceder o que sea poco conocida la Cuenta Pública, sino que se presenta hasta el año siguiente (el 30 de abril). En este sentido, no hay un gran evento del gobierno o del Congreso, como sucede cuando se aprueba el Presupuesto de Egresos, no hay casi notas en los periódicos, el sistema o el diseño institucional hace que sea difícil conocer la Cuenta Pública, simplemente porque al gobierno no le interesa dar a conocer el estado de las finanzas del país. Más que un anonimato, es una acción deliberada por hacer que la Cuenta Pública no sea pública, que esté escondida y sin atención.

-Se habla de democracia, de división de poderes y contrapesos, ¿cómo afecta a las finanzas públicas esta debilidad institucional cuando el Poder Ejecutivo puede llegar a mover hasta 20% del total del presupuesto sin preguntarle a nadie?

La manera en que se afectan las finanzas públicas es que se elimina el componente del beneficio público, de interés público, porque el control democrático permite que se debata hacia donde se va a mover el recurso. En una sociedad democrática con pesos y contrapesos, se detienen los proyectos malos. Un ejemplo, es Estados Unidos. Donald Trump no ha podido empezar la construcción del muro porque hay un bloqueo legislativo para aprobar esos recursos, ahí las ideas disparatadas se detienen. En México, el problema es que los que aprueban el Presupuesto de la Federación se convierten en letra muerta, porque la ley le da la facultad al gobierno para hacer lo que quiera con el dinero, el problema es que sino hay ningún contrapeso puedes hacer y llevar el dinero a lugares indeseables. Un caso que relato en el libro es el tema de los gastos en Comunicación Social que se incrementaron en más del 300%.

-Ahora que está en la mesa el debate del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿es indispensable un fiscal para que se transparente la cuenta pública?

Hay una posición doble. Si bien el fiscal no es necesario o no es un pretexto válido para hacer un combate a la corrupción (porque a pesar de todo hay una Fiscalía Especializada dentro de la PGR y tenemos las leyes para combatirla), es un pretexto decir que la falta de un fiscal no permite el combate a la corrupción, pero sí es una mala señal que el nombramiento del fiscal no haya sido aprobado y más porque es producto de las responsabilidades del Senado de la República y de las instituciones porque llevan tres años de retraso ese nombramiento. Sin duda, es una señal de la falta de voluntad política por parte de todas las instituciones para combatir la corrupción.

-¿Qué hubiera pasado si el caso de Javier Duarte no se hubiera ventilado en los medios, y se hubiera quedado por “debajo del agua” en la PGR? ¿Cuáles son tus escenarios del caso?

Desafortunadamente reinaría la impunidad, para muestra un botón: hay un 96% de impunidad de las denuncias que hace la Auditoria Superior de la Federación ante la PGR, quiere decir que no se hace nada. Los casos expuestos son los que son extremadamente obvios, los que ameritan o demandan intervención porque ya no se pueden esconder por debajo de la mesa y ese fue el caso de Javier Duarte y ese ha sido el caso de los ex gobernadores que han sido perseguidos. Por ejemplo, Roberto Borge no hubiera sido perseguido sino hubiera habido una publicación por parte de Mexicanos contra la Corrupción. César Duarte tampoco hubiera sido evidenciado. Se puede ver con muchos casos de ex gobernadores que no era común verlos cómo los perseguían, y sería muy ingenuo decir que era porque no robaban o porque no había actos de corrupción. Un factor clave en el caso de Javier Duarte fue que la ciudadanía demandó y que los medios de comunicación lo ventilaron. El escenario es que las instituciones realmente no tienen los equilibrios necesarios para actuar en contra de la corrupción y por eso se necesita un cambio de chip en la ciudadanía y un cambio en los medios de comunicación.

-Recomiendas que para cambiar el país es necesario que los mexicanos nos preocupemos e informemos sobre el destino de nuestro dinero, ¿esto realmente haría la diferencia, en un México enfermo de corrupción e impunidad?

Es una variable que es necesaria, más no suficiente; ciertamente es un primer paso que se tiene que dar para empezar a cambiar las cosas. En lo que sí creo es que debe cambiar la relación del ciudadano con el gobierno, demandar cuentas porque a veces se olvida eso en la ecuación. Se ve al político como el manejador de recursos creyendo que ese presupuesto no tienen nada que ver con uno. Hay que recordarle al ciudadano que el dinero que se está usando es suyo y que la relación no es de arriba hacia abajo, el político no está por arriba del ciudadano, está a su misma altura; eso cambiaría la forma en la que vivimos en nuestro país porque dejaríamos de verlo como al sujeto que se le rinde pleitesía y lo veríamos más como el empleado que usa nuestros recursos públicos y al cual tenemos todas las de la ley para demandarle buenos resultados. 

-El caso del socavón es un asunto impregnado de corrupción: se gastó más de lo se planteó al comienzo, ¿qué candados legales se pueden crear para que una obra pública no cueste el doble, se entregue a tiempo y completa?

La obra pública es uno de los temas más sensibles para la corrupción, y la licitación estatal es uno de los candados que se ha vulnerado. Observamos casos de licitaciones amañadas que en realidad son asignaciones directas. El episodio del socavón sucede con un empresa que ya había sido multada por haber cometido irregularidades con la construcción de la Estela de Luz y que es una empresa ligada al gobierno, porque ha tenido una cantidad de contratos que tienen a partir de la actual administración. El problema está en que no estamos teniendo los candados adecuados para que las empresas que ya están señaladas como corruptas se queden fuera de la construcción de obra pública. Este tipo de obras no benefician a la ciudadanía, es una obra pública que beneficia a los constructores y por eso tenemos esquemas en donde el sobreprecio no le duele pagarlo al gobierno, porque se le está pagando a un amigo. En la medida que no exista un candado para que al gobierno le duela que cueste más una obra y que la ciudadanía no demande y exija cuentas, entonces seguiremos teniendo estos asuntos. Del tema del socavón existían informes que decían que la obra estaba mal hecha y que había dinero irregular y que había sobreprecios innecesarios, eso apareció en febrero de 2017. Sin embargo, como nadie atiende esta información que ya es publica, eso queda escondido.