La elevada cantidad de dinero, 6,788 millones de pesos, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, para las actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos y candidatos independientes que contiendan el próximo año por la presidencia del país, diputaciones federales y senadurías de la república es un financiamiento absurdo, afirma Ernesto Gerardo Castellanos Silva, experto en materia electoral y académico del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.

Dice esto por dos razones: “una, la desconfianza y el descontento social que existe actualmente hacia las instituciones del Estado y en particular hacia los partidos políticos; dos, que ese dinero que se les otorgará a los partidos podría ser utilizado en otros rubros como educación, seguridad y salud.

Sin embargo, con la reforma constitucional de 2007 aprobada por el Congreso de la Unión, quedó establecido que el INE tiene la obligación de otorgarles financiamiento público a los instituciones políticas, aplicando la fórmula: “multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Es importante señalar que no es culpa del Instituto Nacional Electoral ese presupuesto, el instituto no dijo: se les otorgará más de 6 mil millones de pesos a los partidos; no, es una fórmula que tiene establecida el artículo 41 constitucional, aunque en los tiempos que vivimos es algo desproporcional, es algo que incomoda a la ciudadanía, aclara el académico.

Además, es importarte destacar que es un proyecto de presupuesto, sin embargo llegando a la Cámara de Diputados se tiene que aprobar lo que tiene que ver con el financiamiento público, así lo ordena la Constitución, le pueden reducir los gastos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, ahí sí, porque no está en la Constitución, pero lo que es intocable  es el financiamiento público.

Castellanos Silva considera que esta fórmula de asignar el presupuesto a los partidos debe cambiar, porque está hecha con base en el padrón electoral, es decir, “multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral implica que siempre irá en aumento, siempre habrá ciudadanos mayores de edad que aumentaran la cifra del padrón, además es raro que cuando un ciudadano fallece su familia pida que se le dé de baja del padrón”.

Por eso, “a pesar de que los ciudadanos que ejercen el voto son los inscritos en el listado nominal, resulta una cantidad menor a la del padrón, consecuentemente año con año el financiamiento público irá en aumento a pesar de que el número de ciudadanos que ejerce su voto va en disminución”.

El exdirector de Prerrogativas a Partidos Políticos y asesor del consejero presidente del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ejemplifica: en 2015 se designaron más de 5 mil millones, ahora en 2018 son más de 6 mil millones, ¿por qué?, porque el padrón va en aumento. De ahí que considere que se debe cambiar la fórmula; es más, tiene su propia propuesta que consiste en que “el financiamiento púbico que se otorga a los partidos sea multiplicado por el número de ciudadanos que ejercieron el voto, y no por el total de inscritos en el padrón electoral; esto obligará a los partidos políticos a incentivar el voto de una manera responsable y útil” a través de hacer campañas de calidad, con buenas propuestas, para que el ciudadano se interese y vaya a votar el día de la jornada electoral, comenta Castellanos.

Explica, si se hace el cálculo con esta fórmula, “serían unos 1,500 millones de pesos los que se asignarían, se tendría un ahorro casi de 5,000 millones de pesos. Es necesario cambiar esa fórmula que actualmente está establecida en la Constitución Política”.

“Desde el año 2008 el Estado otorga a los partidos políticos, registrados ante el INE, para sus actividades ordinarias, especificas y de campaña aproximadamente 38 mil millones de pesos, lo cual es una cantidad exorbitante y absurda en razón de que no se puede comprobar el uso apropiado de los recursos”, apunta.

“El financiamiento que se les otorga en ocasiones lo utilizan para los llamados plurirreportajes —aunque están prohibidos en la legislación— que se pueden ver en revistas o espectaculares, en revistas sale el nombre de un artista y la foto de un candidato y hoy el mejor gobernador o exgobernador ya están haciendo campaña. También son notas de radio y televisión pagadas. La compra de votos con tarjetas, ese financiamiento se ha utilizado para eso”.

El financiamiento de los partidos tiene su origen en la necesidad de éstos para lograr realizar sus actividades sin que fuera un obstáculo el recurso económico, pero en los últimos años se plantea que es, sobre todo, para evitar que entren recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, para Ernesto Castellanos, “ese no puede ser el pretexto para el financiamiento público que se está entregando para la elección de 2018”.

“Aquí es más bien que las autoridades electorales vean cuál es el origen real, que puedan fiscalizar y de dónde son las aportaciones que todavía no sabemos bien. Hay financiamiento público y financiamiento privado, ahí todo el mundo, personas físicas o simpatizantes del partido, pueden entregar hasta una cantidad máxima, pero puede ser también dinero ilícito; esa no sería la premisa para justificar este absurdo financiamiento que se le está entregando a los partidos políticos”, asegura.

En opinión del doctor en derecho por la Universidad de Guadalajara, una forma de blindar los recursos económicos a partidos sería con mayor transparencia, con una mejor fiscalización, saber en qué se está gastando el dinero, y sobre todo con la honestidad de los políticos.  “Los ciudadanos estamos cansados de que los políticos manejen el dinero de forma discrecional,  de que no se comprueben los gastos, de que quieran engañar a la sociedad. Se puede blindar en la medida en que los políticos cambien su concepción del manejo de los recursos públicos”.

“El  fondo del problema —dice— es que los partidos políticos quieren seguir subsistiendo con los recursos públicos, porque se ha comprobado que dinero ilícito ha existido o a ingresado en las campañas políticas; esa no es la premisa a revisar, sino más bien el fondo sería que los partidos políticos no quieren quitar esa prerrogativa que tienen,  ese beneficio, es un beneficio de grandes cantidades, de  miles de millones de pesos,  no se quieren quedar sin ese recurso”.

“El excesivo monto que se asigna a los partidos provoca que estos busquen de todas las formas posibles mantenerse con registro, aunque en ello se presenten conductas corruptas en el interior de los partidos y luego sean externadas; y que además otros interesados quieran lograr el registro de un nuevo partido político para tener acceso a los montos de financiamiento público. Lo ven como un negocio”, indica Ernesto Castellanos.

Los actores políticos, los legisladores, deben ver el descontento social que existe, y que pueden tener recursos públicos, pero no de esa gran magnitud, y con el apoyo de recursos privados se pueden estar financiando sus campañas o los recursos para sus actividades ordinarias, el pago de los presidentes, del Comité Ejecutivo de los partidos.

Ernesto Castellanos está convencido de que “en una democracia se debe  apoyar a los partidos políticos para que tengan recursos, porque hay partidos grandes, pero los partidos pequeños que apenas se están registrando, que pasaron una elección, necesitan recursos públicos para mantenerse,  no estoy en contra de eso;  pero sí se debe cambiar la fórmula para que el financiamiento sea menor, como lo comenté en un principio, que la base sea con la votación que obtuvieron los partidos políticos”.

“Eso es lo justo, eso incentivará, motivará, a los partidos políticos a hacer buenas campañas, a convencer a los ciudadanos, a invitarlos a votar. La democracia mexicana se encuentra en declive, toda vez que cada elección la participación ciudadana va a la baja en las jornadas electorales, estamos entre los  50, 55 por ciento de votación. No llega al 80 por ciento porque los ciudadanos estamos hartos, enfadados, cansados del manejo que tienen los políticos como gobernantes y aparte le agregamos que tienen un financiamiento de más de 6 mil millones de pesos, cuando hay rubros como educación, salud, a los que les han reducido, desde 2016 a 2017, el presupuesto. Es necesario debatir el tema de cómo establecer el financiamiento público”, sostiene.

 

La democracia mexicana, “la más cara”

Ernesto Castellanos sostiene que, pese a que nuestra democracia es de las más caras del mundo, se debe invertir en ella, pero los partidos políticos no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. A lo mejor si fueran partidos políticos donde existe transparencia en los recursos y donde sus integrantes o militantes no son corruptos, la ciudadanía cambiaría la visión que tiene de ellos y aceptaría el financiamiento otorgado, porque se lo merecen, pero con el clima político que vivimos, la cuestión económica por la que atraviesa el país, el descontento social que hay, otorgarles más de 6 mil millones de pesos es una ofensa a la ciudadanía.

Advierte que “este presupuesto no contempla lo que los estados están obligados a otorgar a los partidos políticos registrados en cada entidad federativa, hay que sumarle eso. Por poner un caso: en Jalisco para el próximo año serán más de 250 millones de pesos. Si se van sumando los recursos que entrega cada entidad federativa, saldrán otros mil millones de pesos aproximadamente, por tanto es necesario que se llame al debate sobre esta situación para poderla modificar”.

Apunta que en el estado de Jalisco ya hubo una propuesta de parte del  gobernador y también de un diputado independiente, donde se sugiere la reducción del financiamiento, el Congreso del estado la aprobó ya, sin embargo como es una base constitucional, los  partidos presentaron una controversia constitucional y está en revisión.

Los únicos que pueden cambiar esta situación son los legisladores en la Cámara de Diputados, que se den cuenta de que los ciudadanos no estamos de acuerdo en esos montos de financiamiento que se están entregando. Llamaría a la conciencia a los legisladores, para que revisen esa fórmula que actualmente existe, aunque para el proceso 2018 ya no se puede, porque el año que viene son las elecciones, ya se aprobó, el INE ya presentó el presupuesto, pero espero, confío en que pasando las elecciones del año entrante, con la nueva integración de la Cámara de Diputados tomen conciencia y debatan sobre este tema.