Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que para el próximo año solicitará que los partidos políticos reciban un total de 6,788 millones de pesos, esto en el anteproyecto de presupuesto para 2018. Se trata del financiamiento más alto en la historia electoral mexicana. En un contexto económico donde existen graves carencias en otras áreas, como la social, la educación o el combate a la corrupción, esta petición resulta desproporcionada y motivo de fuertes críticas. ¿Por qué esta cifra? ¿Será que en México hemos creado una democracia con partidos ricos y ciudadanos pobres?
El monto de financiamiento público a los partidos políticos puede impactarnos, sin embargo, lo verdaderamente preocupante para el sistema electoral mexicano está en el financiamiento que algunos partidos y candidatos reciben producto del desvío de recursos públicos municipales, estatales y federales, o bien, que tienen un origen desconocido o proceden de ilícitos, se trata de una cifra negra que mancha nuestra democracia.
Referente al financiamiento público solicitado en el Presupuesto Federal del próximo año y otorgado por el INE a los partidos, para llegar a la histórica cantidad de 6,788 millones, se deben considerar varios aspectos.
Primero, el financiamiento ordinario, el cual consiste en los recursos públicos para las actividades y permanentes de los partidos, el cual se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (87 millones 557,868 ciudadanos) por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (75.49 pesos), lo que equivale, según cálculos del propio INE, a un costo de 49 pesos por ciudadano empadronado, lo que se traduce en 4,296 millones de pesos.
En segundo lugar está el financiamiento por año electoral. Durante 2018 se eligen presidente de la república y se renuevan las Cámaras del Congreso de la Unión, por tanto se otorga un 50 por ciento más del financiamiento público, lo que en dinero contante y sonante significa 2,148 millones más a los partidos. A esto deben agregarse 128 millones para actividades específicas; 42 millones 963 mil pesos para los candidatos independientes; y en plena era de Internet, se otorgan 171 millones para franquicia postal y 693 mil pesos para franquicia telegráfica.
Resulta evidente que el financiamiento público a los partidos debe revisarse, todas las fuerzas políticas deben estar conscientes de la enorme carga que significa para las finanzas públicas y para los ciudadanos. Junto con esa revisión deben fortalecerse los mecanismos para garantizar una efectiva transparencia y rendición de cuentas en los recursos públicos que reciben los partidos.
Por otra parte, el mayor problema está en la cifra negra, en los recursos que algunos de los partidos y candidatos reciben y que no se sabe ni cuánto ni de dónde provienen. En las pasadas elecciones del 4 de junio, en el Estado de México y en Coahuila se llegó a situaciones de verdadero escándalo ante la parálisis y, en algunos casos, complacencia de las autoridades electorales locales y federales. ¿Cuánto costó realmente la campaña de Alfredo del Mazo o de Juan Zepeda? Nunca lo sabremos.
El simple recuento de notas periodísticas publicadas en diarios de circulación nacional y portales electrónicos da un esbozo de lo que podría ser un mapa de cómo los gobernadores priistas habrían desviado recursos por un monto de hasta 258,829 millones durante el presente sexenio.
En el portal del Diario Noroeste se reproducen datos que aparecieron en varios sitios de Internet, en donde se dice que César Duarte, exgobernador de Chihuahua, desvió 80,500 millones de pesos; que Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, desvió 32 mil millones de pesos; que Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes, desvió 812 millones de pesos; que Jorge Herrera Caldera, de Durango, 450 millones de pesos; que Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas, 1,307 millones de pesos; que Roberto Sandoval, de Nayarit, 40 millones de pesos; que Jorge Aristóteles Sandoval, de Jalisco, 17,500 millones de pesos; que Mario Anguiano Moreno, de Colima, 2,119 millones de pesos; que Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán, 2,323 millones de pesos; que José Calzada Rovirosa, de Querétaro, 73 millones de pesos; que Francisco Olvera Ruíz, de Hidalgo, 600 millones de pesos; que Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, 3,567 millones de pesos; que Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, 2,128 millones de pesos; que Fernando Toranzo Fernández, de San Luis Potosí, 420 millones de pesos; que Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas, 340 millones de pesos; que Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México, 3,603 millones; que Rolando Zapata, de Yucatán, 30 millones; que Fernando Ortega Bernés, de Campeche, 6 millones; que Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, 35 mil millones; que Mariano González Zarur, de Tlaxcala, 94 millones, y que Andrés Granier Melo, de Tabasco, 2,604 millones de pesos.
¿Si esto fuera comprobado, cuántos de estos 258,829 millones llegaron al PRI, a los dirigentes partidarios o a los candidatos? De igual manera podríamos preguntarnos cuántos recursos públicos se han desviado al PAN o al PRD.
El tema del financiamiento a los partidos, el que otorga el INE y el que llega a las organizaciones políticas y candidatos de fuentes desconocidas o ilegales, resulta de la mayor importancia para la democracia mexicana y de no corregirse, dañará de forma fundamental nuestra convivencia política.
@MBarbosaMX
Senador de la República
