Para conocer la moral de una nación, leed las leyes que ella se ha dictado. Metternich
El 10 de agosto de1987, hace tres décadas, la esperanza ciudadana renació al constatar, en el Diario Oficial de la Federación, la publicación del decreto por el que se reformaban varios artículos de la Constitución, gracias al cual se establecieron las bases para la creación de una Asamblea de Representantes, con lo que se concretaba el primer paso de la reforma política del Distrito Federal.
Las facultades de aquel colegiado ciudadano contemplaban la emisión de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, un conjunto de disposiciones que tuvieran por objeto “atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal” en diversas materias.
A pesar de las acotadas facultades con las que nacía, la creación de este inexistente orden de gobierno generó expectativas entre los capitalinos que —tras haber rencauzado la reconstrucción de una ciudad asolada en 1985 por uno de los sismos más intensos de su historia— vivieron un despertar solidario que provocó una organización social que, al tiempo de demandar la restitución de su vivienda, también exigía democracia plena para los habitantes de la capital de la república.
En sus primeros nueve años de funcionamiento, la fortaleza corporativa del PRI garantizó el control de ese partido en la composición partidaria de la Asamblea de Representantes, imposición que la sociedad rebasó al exigir profundizar la reforma política, logrando en primer término que a partir de 1995 el órgano se convirtiera en una verdadera legislatura, al tiempo de garantizar a la población la elección de su primer jefe de Gobierno para el trienio 1997-2000 y, subsecuentemente, a partir del final de ese interregno, un gobierno sexenal y la elección directa de los 16 jefes delegacionales que conforman la división político administrativa de la ciudad.
Si bien es cierto que la ALDF ha reflejado los avances sociales de los capitalinos en temas polémicos, a partir de 2010 el giro legislativo ha confrontado directamente a la sociedad en su conjunto, al menoscabar avances sustantivos en aras de privilegiar intereses económicos por sobre los principios solidarios que caracterizan a los habitantes de la ciudad.
A esta última legislatura de la Asamblea, la VII, debió haberle tocado el honroso papel de concretar las leyes fundamentales que mandata la primera Constitución de nuestra ciudad, pero hoy constituye todo un indigno final de esta larga etapa de acotamientos; ante los desaciertos, autoritarismos y el desaseo parlamentario que ha exhibido, se le ubicará como el periodo más aciago de nuestra historia legislativa.
A los ojos del gran politólogo austriaco Clemente de Metternich, al leer las leyes sustantivas que últimamente ha dictado la ALDF, así como el Programa General de Desarrollo Urbano que nos pretenden heredar, se conocerá la poca moral del gobierno capitalino y del bloque de legisladores que las auspiciaron.
