Hace dos años, el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ganaba las elecciones que lo llevaron al poder de ese país centroamericano. Su campaña electoral la hizo enarbolando la lucha contra la corrupción. Su consigna en ese momento era: “Ni corrupto, ni ladrón”. Este fin de semana, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron retirar la inmunidad al mandatario por estar involucrado en corrupción bajo el delito de financiación ilícita; un cargo que le podría costar entre 4 y 12 años de prisión.

El caso establece que Morales no declaró el origen de 6.6 millones de quetzales, casi un millón de dólares, con los que financió su campaña electoral en 2015. El Tribunal Supremo Electoral, lo tiene bajo la mira por sospecha que ese dinero provino de fondos anónimos de empresarios que nunca hizo público y que fue repartido en dos cuentas bancarias destinadas, por un lado, a los gastos ordinarios de su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación) y, por otro, a los gastos de campaña.

“Eso se llama financiamiento anónimo, porque no hay nombres y eso nos puede llevar por ejemplo a un lavado de dinero”, dijo Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público (MP).

En un video de diez minutos, Jimmy Morales, declaró a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG como persona non grata y explicó que como mandatario de Guatemala tiene ese poder, sin tener la obligación de exponer los motivos de dicha decisión. Morales afirmó que su decisión era para proteger los intereses de los guatemaltecos.

“Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velázquez en su calidad de comisionado de la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala”, dijo Morales en su video.

Las reacciones no tardaron en llegar: el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson advirtió que la expulsión de Velázquez podría afectar la ayuda que este país centroamericano recibe del gobierno estadounidense. Aseguró que si orales insiste en su determinación “Washington tendrá que revisar la asistencia económica que brinda a Guatemala”.

La Unión Europea se unió a la presión iniciada por Estados Unidos y manifestó su total apoyo a Velázquez. La ONU también hizo lo mismo.