Rodrigo Tecla, el abogado de Odebrecht detenido en España a petición de la Fiscalía brasileña por repartir sobornos a políticos y jefes de Estado de América Latina, declaró hace quince días al diario El País que “la empresa tenía mucho interés en el exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya” por creer que podría convertirse en presidente de México.
Si esto es verdad —y no tendría por qué mentir quien es considerado por el diario como uno de los hombres más temidos por todos aquellos que recibieron sobornos—, cabría preguntar si Lozoya salió de Pemex por todo lo que se le acusó, incluidos los nexos que tuvo con Odebrecht, o también por haberse adelantado y haber sido considerado, a destiempo, como el favorito para 2018.
El caso —guardando las debidas distancias— recuerda el extraño accidente aéreo en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ocurrido justo cuando era señalado como el sucesor del presidente Felipe Calderón.
A Lozoya lo mataron políticamente al destituirlo de la dirección de Pemex, y a Mouriño le asesinaron su aspiración al perder la vida.
El solo señalamiento de Tecla convierte el escándalo Lozoya-Odebrecht no solo en un caso penal, sino en un asunto político que coloca al acusado en una posición de privilegio frente a quienes lo acusan y pretenden llevarlo a la cárcel.
La urgente necesidad de Emilio Lozoya y su abogado Javier Coello Trejo de presentarse ante la PGR y poder ventilar su defensa ante los medios de comunicación, permite deducir que el acusado está dispuesto a decir quién o quiénes fueron los principales beneficiarios de los sobornos otorgados por Odebrecht.
El exdirector de Pemex parece querer mandarle un mensaje y una advertencia a sus enemigos y a quienes puedan estar detrás de esta trama, de que él no se irá a prisión solo y que el descrédito lo compartirá con otros.
El contexto político actual también favorece a Lozoya. México está a unos días de que comience el proceso electoral para elegir candidato a la Presidencia de la República, y lo que menos quieren los partidos es que Lozoya empiece a mencionar nombres y a repartir culpas.
El Odebrecht mexicano tampoco puede entenderse fuera de lo que hoy ocurre en el ámbito internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos trabaja con la Fiscalía brasileña y los testigos protegidos, para conocer a detalle la historia de sobornos a políticos y jefes de Estado latinoamericanos, para que luego Washington —como es su estilo— utilice la información como instrumento de chantaje e intimidación.
El rol que desempeñó el periódico brasileño O´Globo es similar al que tuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung con los Panama Papers. En este último caso la investigación provino del archivo de una importante oficina de inteligencia para detonar un escándalo y crear condiciones favorables a Estados Unidos para sancionar a un país, como Panamá, que pretendía competir con los paraísos fiscales controlados por Wall Street, de manera desleal.
La investigación que publicó O´Globo sobre Lozoya provino también de Washington y es apenas la punta de una madeja que irá desenredando el Tío Sam, en medio de la renegociación del TLC y de la sucesión presidencial, de acuerdo con su muy particular conveniencia.
