Rafael Márquez, el extraordinario futbolista mexicano campeón de Francia, de España y de Europa, ganó mucho dinero por su desempeño en las canchas, lo que le ha permitido crear instituciones filantrópicas. Su inmenso prestigio y su celebridad le han permitido convencer a diversas personas e instituciones para que apoyen sus proyectos de beneficio social.

Se trata, pues, de un personaje admirable por su trayectoria deportiva y por su generosidad para aquellos que necesitan apoyo. Para su desgracia, las autoridades mexicanas, con el servilismo proyanqui que las caracteriza, entregaron a Estados Unidos al presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien habría soltado muchos nombres de mexicanos supuestamente involucrados en actividades criminales entre los cuales figura Rafael Márquez.

El asunto sería de risa de no ser porque el gobierno mexicano, con su tenaz actitud de lame suelas, sin realizar averiguación alguna dio crédito a lo dicho en el extranjero por Flores Hernández (muy probablemente sacado mediante tortura u otras presiones) y la Secretaría de Hacienda procedió a “congelar” o, si se quiere, a realizar un “embargo precautorio” de los bienes de Rafa Márquez y de un cantante, Julión Álvarez, quien pocos días antes se había paseado en Chiapas con Enrique Peña Nieto. Dicho de otra manera, la secretaría que encabeza.

Es una infamia que sin tener siquiera elementos para iniciar una investigación, se proceda a tratar a un ciudadano como si fuera culpable y ya estuviera juzgado. Pero no es algo nuevo. El sistema jurídico mexicano no otorga a un acusado la presunción de inocencia, y si eso le ocurre a un personaje que es orgullo de muchos mexicanos, es de imaginarse qué sucede cuando la víctima es pobre y desconocida.

No hace mucho, una mujer, pobre y sin marido, recibió dinero con el que intentó pagar en una tienda y resultó que un billete era falso. Ese solo hecho le costó dos años de prisión, dos años en los que dejó a su pequeño hijo solo. La ley en que se basaron policías, agentes del ministerio público y jueces considera cómplice de falsificación a quien pague con moneda falsa y se han establecido penas de cárcel para todo ciudadano que no se haya doctorado en numismática.

De modo que no solo debemos temer los abusos de la autoridad, sino también las innumerables trampas que ponen las leyes a los ciudadanos; leyes, por cierto, que “nuestros” diputados y senadores, siempre muy bien pagados, aprueban de la manera más irresponsable. Como que ya va siendo tiempo de acabar con tanta canalla “legal”.