Un gran revuelo causó la denuncia que recientemente interpuso la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional, con miras a la apertura del procedimiento de examen preliminar previsto en el artículo 15 del Estatuto de Roma, en relación con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios coahuilenses de Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón.
Tal posibilidad ya había sido visibilizada antes con la acción desplegada ante dicha instancia por el reconocido investigador universitario John Ackerman y una pléyade de académicos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes en un lance decididamente valiente acusaron a Felipe Calderón, a miembros de su gabinete y al Chapo Guzmán de la perpetración de innumerables crímenes de lesa humanidad en el contexto de la inefable guerra antinarco.
A esa misma lógica obedece la investigación realizada por la organización Open Society cuyos resultados fueron proyectados en un informe al que se le dotó de un título que en sí mismo lo dice todo: “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.
Así pues, la activación de los poderes punitivos de la Corte Penal Internacional puede ser un camino propicio para reivindicar a las víctimas y castigar a los responsables de las atrocidades que agravian u ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Entre otras, destacan por su intrínseca perversidad, por su ubicación en el sitio más alto del índice de la maldad humana, los abominables actos de pederastia clerical perpetrados en contra de indefensos niños y adolescentes.
La magnitud de esta gravísima patología, de estos horrendos crímenes de lesa humanidad, está nítidamente reflejada en el severo extrañamiento hecho por el Comité de los Derechos del Niño, dependiente de la ONU, al Estado mexicano dentro del informe emitido en mayo de 2015: “El Comité está profundamente preocupado por los informes corroborados de cientos de niñas y niños que han sido abusados sexualmente durante varios años por clérigos de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas. El Comité está particularmente preocupado por la impunidad general que los autores de los abusos han disfrutado hasta el momento, como lo reconoció la delegación del Estado parte, por el bajo número de investigaciones y de juicios contra los responsables, así como por la supuesta complicidad de funcionarios, así como por la falta de mecanismos de denuncia, de servicios y de compensaciones disponible para niñas y niños”.
Hoy, es de vital importancia tocar las puertas de la justicia supranacional a fin de romper los férreos anillos de impunidad que han impedido la concreción de los imperativos categóricos de la defensa de la dignidad y la búsqueda de la verdad, la justicia, las reparaciones integrales, las garantías de no repetición y la preservación de la memoria histórica.
