El caso de la matanza de San Fernando sigue abierto en dos instancias de la Procuraduría General de la República (PGR): la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Hay Ocho detenidos ligados a estos acontecimientos, pero ninguno ha sido sentenciado, y los familiares de las víctimas no han recibido reparación del daño.
Hace siete años, integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes que se negaron a participar en el tráfico de drogas. A esta masacre le siguió el descubrimiento de fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por este mismo grupo delictivo.
El caso sigue abierto. En enero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se trató de un caso de violaciones graves a los derechos humanos y otorgó la calidad de víctimas directas a los familiares de los migrantes asesinados.
De acuerdo a información publicada en La Jornada extraoficialmente trascendió que este miércoles, a las 10 de la mañana, acudirán a las instalaciones de la SEIDO familiares de las víctimas para conocer los avances de las indagatorias.
El caso se inició el 23 de agosto de 2010, cuando un hombre -el ecuatoriano Luis Fredy Lala- llegó caminando hasta donde se encontraba un grupo de marinos que realizaba labores de vigilancia en un tramo carretero cercano a San Fernando.
Luis Fredy narró que un grupo de migrantes partió del estado de Veracruz el 21 de agosto. Viajaban en dos autobuses y fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los trasladó a un rancho. Luego fueron interrogados y golpeados para que revelaran datos de sus familiares con el propósito de exigirles dinero a cambio de su libertad. Asimismo, aseguró que integrantes del cártel de Los Zetas les propusieron que si no tenían dinero, entonces que colaboraran con ellos.
Ante la negativa de los migrantes a trabajar para el grupo criminal, los sicarios los ataron con las manos a la espalda en grupos de cuatro y luego dispararon contra ellos.
El ecuatoriano sobrevivió gracias a que fingió estar muerto. Luego de que los sicarios abandonaron la finca, esperó varias horas hasta que amaneció y echó a caminar hasta encontrar a los efectivos navales.
Las investigaciones revelaron que en los autobuses viajaban 77 migrantes originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. A la fecha, se considera que dos sobrevivieron y tres se encuentran desaparecidos.
Un mes después de la masacre, la PGR informó que 50 de las 72 víctimas habían sido identificadas con base en exámenes de ADN. Sin embargo, hubo casos en los que los familiares se quejaron de que los restos entregados no correspondían a sus consanguíneos.
Como parte de las investigaciones, en octubre de 2012, efectivos de la Marina detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, identificado por las autoridades federales como el coordinador de la matanza de los migrantes y en ese entonces jefe regional de Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Según las investigaciones, elementos de la Policía Municipal de San Fernando habrían participado en la masacre.
Antes de la masacre, Calderón ignoró a migrantes
A siete años de la masacre ocurrida en San Fernando, la Casa del Migrante Saltillo organizó un conversatorio entre defensores de los derechos humanos, específicamente en materia migratoria y de refugio.
En su mensaje de apertura el director de la Casa del Migrante de la localidad, Alberto Xicoténcatl, mencionó que poco antes de que sucediera el atentado, el grupo de activistas de la Casa intentó entregarle un informe al entonces presidente Felipe Calderón, acerca de la violencia que acechaba a los migrantes a lo largo del territorio. Sin embargo, la respuesta fue “20 mil migrantes agredidos no es mucho. Danos una cifra más alta para que el presidente esté interesado”.
Durante su participación fray Tomás González, el representante legal de “La 72: Hogar Refugio para personas Migrantes”, cuestionó el trabajo de las autoridades mexicanas, y aseguró que son ellas mismas quienes han permitido tratados inhumanos para los grupos vulnerables como los son migrantes y refugiados, como si se tratara de una réplica del discurso que aplica Estados Unidos en sus políticas públicas.
Carmen Solórzano, madre de Glenda –víctima de la masacre-, narró el calvario que ha sufrido a lo largo de los últimos siete años, en la búsqueda de la justicia a los culpables, y el paradero de su hijas de la cual asegura, le fueron entregados falsos restos.
“Nos entregaron un ataúd que nos dijeron que no abriéramos. Nosotros lo abrimos, y al hacerlo no pude reconocer a Glenda. No hubo ningún indicio de ella: ni ropa, ni zapatos”, agregó.
(Con Información de La Jornada y del portal digital Vanguardia.MX)