El pasado domingo 30 de julio el pueblo venezolano fue convocado a elegir la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Maduro, en medio de una crisis política y social de la que parece no existir salida, al menos en el corto plazo.
Este proceso lleno de irregularidades, desde su convocatoria, buscaba ser una torpe solución a la crisis de gobernabilidad del régimen de Maduro. Es la continuación de un deterioro en la calidad de vida, en la economía y en las instituciones venezolanas.
Nadie en su sano juicio podría defender el régimen de Maduro, gobernante torpe, comediante involuntario y asfixiado en sus propias trampas. La realidad muestra una incapacidad para dar salida institucional al conflicto interno de Venezuela.
El Estado venezolano está demolido. No hay libertades, división de poderes o respeto a los derechos humanos. Venezuela está viviendo un autogolpe de Estado y va en la ruta hacia una guerra civil. ¿Esto justifica que México deba intervenir? No. Los principios de la política exterior mexicana señalan con claridad que nuestro país reconoce Estados, no gobiernos, además es contundente y explícita la política de no intervención.
México no puede ser omiso frente a esta violencia y dolor. Debe tener un pronunciamiento claro, pero de ninguna forma puede intervenir directamente en la política interior venezolana. ¿Con qué autoridad moral el gobierno mexicano puede intervenir en este conflicto, cuando vivimos un Estado de derecho cuestionado y sin liderazgo?
Detrás de la atención del gobierno mexicano al conflicto en Venezuela hay dos intereses: el primero, servirle a Estados Unidos en esta aventura, y el segundo, tratar de generar una asociación entre el conflicto en Venezuela y actores políticos mexicanos. En los dos casos es perverso e inútil.
Hay un esfuerzo importante por identificar a Venezuela y a Maduro con la izquierda progresista mexicana, nada más absurdo y alejado de la realidad. En la lucha contra la corrupción y un establishment depredador no se ha roto ni un vidrio y no se ha llamado a la rebelión. Los gobiernos cercanos al movimiento de López Obrador son distantes de este tipo de acciones.
La salida del conflicto venezolano debe ser a través del diálogo y la negociación, orientada a restablecer el orden democrático. La única utilidad que podría tener nuestro país para los venezolanos sería participar como un posible mediador entre las partes, pero con una intervención directa se descalificará para ello. También sería conveniente abrir la posibilidad de otorgar asilo político a los activistas perseguidos, pero no una injerencia directa.
Ni México ni la izquierda pueden apoyar un régimen como el de Maduro. Pero tampoco pueden hacer al Estado mexicano instrumento de Estados Unidos o vehículo de aspiraciones electorales. Así, la única opción digna y legal está en el respeto a los principios de política exterior.
@LuisHFernandez
