El origen de las monedas como medio de pago se remonta entre los años 680 y 560 antes de Cristo, en Lidia (un pueblo de Asia Menor, hoy Turquía). Desde entonces cada país ha acuñado metales o papel moneda para realizar sus transacciones económicas y obtener bienes, productos o servicios, dando origen al mercado monetario mundial, a la fluctuación de divisas y tipos de cambio, al surgimiento de entes reguladores, la globalización económica y a un Sistema Financiero Internacional.
Este devenir financiero ha evolucionado de la mano de las innovaciones científicas y tecnológicas, creando Sistemas de Pagos que son regulados por autoridades financieras – públicas y privadas – constituidas por un conjunto de leyes, normas, instrumentos y procedimientos para transferir recursos financieros entre sus participantes.
Hoy día podemos decir que la mayoría de los países gozamos de cierta “estabilidad financiera” que nos permite asignar eficazmente nuestros recursos económicos, y el funcionamiento de los sistemas económicos en general. Sin embargo, las incesantes y veloces innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, han rebasado los mercados financieros y sistemas de pago tradicionales, que aunque no han generado – todavía – grandes desajustes o distorsiones, su crecimiento exponencial requiere de regulaciones y marcos normativos urgentes que fomenten su uso y, sobre todo, salvaguarden los derechos de los usuarios.
El surgimiento de las criptomonedas o criptodivisas como medios digitales de pago han generado diversas controversias, dado que surgen bajo premisas de libertad de pago, el anonimato y la eliminación de la intermediación de los agentes financieros para realizar transacciones. Este tipo de dinero electrónico ha crecido exponencialmente y no hay certeza de cuántas monedas digitales existen de manera oficial. A partir del surgimiento de Bitcoin en 2009, información del portal coinmarketcap.com, que se dedica a registrar la capitalización bursátil de este tipo de divisa en tiempo real, registra una lista de 1,112 criptomonedas.
En razón de que este tipo de moneda digital tiene un valor en los mercados convencionales y paridad con las divisas de curso legal, se ha detectado su uso para fines de defraudación y transacciones ilícitas que van desde la compra de narcóticos, armas y prostitución, hasta ciberataques con fines lucrativos, que se realizan en la llamada “Ruta de la Seda” o el mercado negro en línea.
Un reporte de la OCDE reveló que el costo de la ciberdelincuencia a nivel mundial, ascendió a cerca de 445 mil millones de dólares en el 2016. De acuerdo a sus estimaciones, dicha cifra podría crecer hasta 2 billones de dólares en 2019 y 3 billones para el 2020.
Ante esta evolución financiera y los riesgos que conlleva, es fundamental regular su uso, sin detrimento de la innovación y el desarrollo de nuevas formas de pago, que tienden a ser menos costosas y más eficientes. Actualmente solo 12 países cuentan con regulaciones para empresas financieras de tecnología – las denominadas Fintech – en México la Secretaría de Hacienda trabaja en un anteproyecto de “Ley Fintech” que busca regular las plataformas que ofrecen al público comprar y vender “activos virtuales”, o realizar con estos transferencias y pagos a través de dichas plataformas. Además de que busca inhibir eventos de fraude, estafas y de lavado de dinero que pudiera darse con estas tecnologías.
En el Poder Legislativo debemos abordar esta problemática y trabajar en un marco normativo que dote a las autoridades financieras de instrumentos que permitan regular y autorizar este tipo de plataformas. En la medida que generamos certidumbre jurídica en estos nuevos entornos tecnológicos, tendremos mayores posibilidades a aprovechar su potencial, con efectos positivos para nuestra estabilidad financiera y eficiencia económica en los sistemas de pagos.
*SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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