Cuando se habla de globalización normalmente se piensa en los perniciosos efectos causados por el entramado institucional que protege los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, G-8, OCDE, Corporación Financiera Internacional y Diálogo Económico de Alto Nivel, sustituto del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, entre otros.
También vienen a la mente las complejas redes jurídicas emanadas de la lex mercatoria, la ley del mercado, a través de las cuales se proyecta ese entramado de carácter supranacional, todas ellas opacas, ilegítimas y antidemocráticas: tratados de libre comercio, acuerdos de protección de las inversiones, esquemas afianzadores de las inversiones, fórmulas privatizadoras de la solución de las diferencias en materia de inversiones, etcétera.
Empero, a la par que esa suerte de globalización negativa igualmente existe una globalización positiva, así calificada por el célebre jurista italiano Luigi Ferrajoli, la cual tiene como objetivo la creación de una esfera pública internacional que privilegie la vigencia de los valores superiores de la humanidad, especialmente el valor supremo de la dignidad de las personas.
El proceso de construcción de la esfera pública internacional no ha sido tarea fácil pues implica un abierto desafío a las actitudes autoritarias y un genuino deslinde paradigmático de cara a los presupuestos antropológicos del neoliberalismo, según los cuales los seres humanos somos simples medios para obtener la máxima tasa interna de retorno en el menor tiempo y al más bajo costo posible.
Los órganos protectores de los derechos humanos sin duda están contribuyendo al logro de esta valiosa meta. Por ello resulta digno de encomio y total reconocimiento lo que acaba de hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: I) denunciar que el asesinato de periodistas es la afectación más grave a la libertad de expresión, que la impunidad impera a este respecto y que despedir a un periodista por presiones de grupos de poder es una agresión a esta prerrogativa fundamental, tal como sucedió en el caso de la destacada comunicadora Carmen Aristegui, II) evidenciar que los ataques contra los miembros de la comunidad LGBTI son una práctica generalizada, III) destacar que el abuso de la prisión preventiva conlleva el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado mexicano.
Una sonora ovación también debe ser tributada al representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por haberse pronunciado en pro de una reforma constitucional que dé autonomía efectiva al fiscal general de la república, y de la exigencia de que su designación sea realizada a través de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente.
La expansión de los espacios de defensa internacional de la dignidad humana es un tema capital y debe formar parte de la agenda de lucha de las organizaciones de la sociedad civil.
