Una vez más México se ha envuelto en una tragedia colectiva; el dolor, la desesperación, la muerte y el desamparo han afectado a millones de compatriotas en distintas latitudes como Oaxaca, Chiapas, Morelos Puebla, la Ciudad de México y otras entidades. Sin embargo, el pueblo mexicano se ha puesto de pie frente a la adversidad y ha enfrentado, con heroísmo y valentía, con abnegación y trabajo, el rudo embate de las fuerzas de la naturaleza.

Todos han sido solidarios, cada quien desde su trinchera, los jóvenes integrando brigadas, los obreros y trabajadores formando vallas humanas de rescate, los soldados y los marinos, los tres niveles de gobierno, los empresarios y los académicos, toda la sociedad, de una u otra manera, han recibido este golpe con entereza, dignidad y valor.

Nuestro régimen jurídico, protegido por nuestra Constitución, nos permite establecer un Estado de derecho en medio de la confusión y la tristeza; por eso, hoy más que nunca debemos ser sumamente cuidadosos de los preceptos de la carta magna.

Desde hace tiempo los partidos políticos han sufrido un desprestigio por sus estructuras cupulares y por su alejamiento de los ciudadanos, razón por la cual han sido combatidos duramente por la sociedad y criticados severamente por los recursos públicos que la ley les otorga. Sin embargo, estos institutos no pueden disponer libremente de estos fondos que el artículo 41, fracción II, de la Constitución señala, pues el financiamiento público de los partidos lo sujeta a tres actividades concretas: a) el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes; b) el financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto; y c) el financiamiento para las actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y tareas editoriales.

El sistema democrático nacional está sustentado en este financiamiento de recursos públicos, que tiene un objetivo político claro y, por lo tanto, no puede desviarse a criterio de las cúpulas partidistas. Sin embargo, es necesaria la participación de todos los sectores para apoyar un plan de emergencia para la reconstrucción nacional; por ello, el INE ha diseñado una salida que consiste en que renuncien a todo o a parte de sus prerrogativas, y estas sean devueltas a la Secretaria de Hacienda, quien a su vez deberá establecer un mecanismo para que estos fondos se destinen al fin que requiere la república.

Esta solución puede ser válida, no solo para 2017, sino también para 2018, pero de ahí a pretender dinamitar todo el sistema negando el financiamiento público, abre una brecha enorme que puede destruir la democracia nacional.

Es cierto que los partidos están excedidos en el financiamiento, hay que cambiar la formula con una reforma constitucional, en tiempo y forma, respetando el contenido de la carta magna. Por ello, es un error, por ignorancia, oportunismo o generosidad, querer suprimir o reformar de un plumazo, a través de una reforma que es imposible, pues el artículo 105, fracción II, constitucional señala que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.”