En estos días ha tomado vigencia el debate sobre la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República, con la que el actual procurador pasaría a ser fiscal por 9 años. Esto es sin duda una apuesta a favor de la impunidad y el encubrimiento, una medida desesperada para proteger al grupo gobernante.
Ello plantea un dilema: dejar al procurador actual o eliminar el llamado “pase automático” y elegir a un fiscal general independiente. La reflexión de fondo es qué conviene más y a quién le conviene.
A México le conviene un fiscal general autónomo con credibilidad, potencia y compromiso, mientras que al gobierno le funciona un fiscal que le asegure cobertura y garantías de impunidad, como lo intentaron hacer en su momento Duarte y Borge. Esta decisión se tiene que tomar ante un escenario catastrófico que se vive en materia de procuración de justicia ya que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad, publicado hace unos días, México es la nación con mayor nivel de impunidad en América en lo referente a la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia.
Nadie en su sano juicio piensa que el camino de la actual administración ha servido para mejorar la procuración de justicia. ¿Qué haría suponer que la confirmación del actual procurador signifique una mejora en ese sentido? No se consideran criterios de interés público sino únicamente el interés faccioso de un grupo para mantener la impunidad.
La mera propuesta es ofensiva para todos los mexicanos, hay un rechazo unánime de parte de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y políticos, pero resulta particularmente ofensiva para el procurador, a quien presentan como garante de la protección de los actos de corrupción que se dieron en este sexenio, y el PRI lo confirma en su hipótesis de que con cinismo y mayoría se puede todo.
En realidad, no se ha realizado un esfuerzo honesto por mejorar el Estado de derecho y terminar con la impunidad en México; al revés, han empeorado. No se ha resuelto ningún caso de corrupción y tenemos un sistema de impartición de justicia atrofiado y viciado.
No existe un argumento que tenga como base el interés público para nombrar a un fiscal tan obviamente cercano al titular del Ejecutivo. No se trata del perfil del doctor Cervantes, sino de que México cuente con un fiscal independiente, comprometido con la impartición de justicia o alguien subordinado a los cariños y lealtades del hoy presidente.
El gobierno muestra nuevamente una visión torcida de la política, que prioriza la defensa de los intereses de grupo y la promoción de los amigos a cargos públicos, en antítesis de una agenda que pacifique el país y fortalezca el Estado de derecho. Para la lógica del grupo gobernante, lo que suceda con la justicia es lo de menos, lo importante es que uno de los suyos ocupe la posición de fiscal general y les “cuide las espaldas”.
La agenda a seguir es sencilla: reforma al Artículo 102 constitucional para contar con un fiscal general independiente, así como con un fiscal electoral, con posibilidad de tener un desempeño institucional adecuado, y de manera prioritaria eliminar el llamado “pase automático”. Por el bien de la nación, el presidente debe recapacitar en esta intentona, pensar primero en México y no en la protección de las empresas de desarrollo de infraestructura y sus secuaces.
@LuisHFernandez
