Luis Sánchez Jiménez*
El mismo día en que concluyó la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, celebrada en México, el gobierno de Donald Trump anunció el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que desde 2012 protegía de la deportación a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños acompañados de sus familiares, que eran inmigrantes sin estancia legal. Este programa, aprobado por decreto del expresidente Barack Obama, fue en su momento la respuesta emergente al rechazo permanente del Congreso para aprobar una reforma general al sistema inmigratorio.
Una proporción mayoritaria de los jóvenes protegidos por DACA, conocidos también como “dreamers”, provienen de familias inmigrantes mexicanas asentadas en EU desde hace varios años, muchos de ellos nacidos incluso en nuestro territorio, de ahí que el tema sea aún más relevante para el gobierno y la sociedad mexicana. Se trata de la segunda amenaza cumplida por Trump en cuanto a la relación directa o indirecta con la comunidad latina en aquel país y particularmente la de origen mexicana. La primera fue la renegociación del TLCAN que se encuentra en curso.
Ante el anuncio, la cancillería mexicana condenó la decisión del gobierno estadounidense y anunció que iniciaría los cabildeos necesarios para buscar soluciones jurídicas para miles de jóvenes mexicanos que, si bien algunos pueden refrendar su permiso por dos años más, para otros expirará en menor tiempo y quedarán en posición de ser deportados inmediatamente. En tanto se conocen los pormenores del proceso para terminar definitivamente con DACA (por ahora ya no se recibirán más solicitudes), el gobierno mexicano debe realizar las acciones necesarias para otorgar la más amplia protección consular a estos jóvenes mexicanos en Estados Unidos y prever las medidas que los acompañen ante una eventual repatriación, en el corto y mediano plazo.
El aporte significativo de esta comunidad de jóvenes mexicanos diseminada en territorio norteamericano es palpable no sólo en términos económicos sino también en el ámbito cultural y social, ya que prácticamente han vivido la mayor de sus vidas en el país vecino, por lo que la prioridad no debe ser atender su eventual repatriación sino cabildear y concretar los acuerdos necesarios para brindarles otro tipo de certidumbre jurídica que les permita concluir sus estudios, permanecer en sus trabajos y no perder el patrimonio que pudieran poseer en aquel país.
Desde el Senado mexicano debemos desplegar una tarea de cabildeo con nuestros homólogos norteamericanos y demás legisladores federales y locales de aquel país, para contribuir a buscar las salidas legales y políticas que resuelvan esta situación, haciendo hincapié en que bajo ninguna circunstancia los jóvenes “dreamers” representan una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, antes bien representan una de las mejores aportaciones al futuro de la nación norteamericana por parte de la comunidad mexicana.
Estos jóvenes son una extensión valiosa que por necesidad tuvieron que crecer fuera de su tierra natal, ya que sus padres no tuvieron las opciones suficientes para prosperar en su país y migraron para buscar el sustento económico suficiente que en México no era posible conseguir. Los “dreamers” mexicanos estudian y trabajan con orgullo, dedicación y claro sentido de integración a la nación que los cobijó en su momento, a pesar de que sus padres hayan cruzado la frontera sin la documentación legal necesaria.
En el contexto de la renegociación del TLCAN, al que Trump no para de torpedear, la noticia sobre la conclusión de DACA recuerda la importancia de tener un plan B ante cualquier evento o negociación. Cuando fue la elección presidencial, la cancillería mexicana no tenía uno por si ganaba Trump, me consta, ahora el gobierno dice tener listo un plan B en caso de no alcanzar acuerdo y dar por terminado el Tratado. Ojala sea así y también se ponga en marcha el plan para proteger a los jóvenes “dreamers” mexicanos, a los que la fatalidad del gobierno estadounidense quiere alcanzar.
*VICEPRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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