En lo referente a México y a los mexicanos, Donald Trump sigue al pie de la letra su agenda. Hasta el momento ha cumplido con todo lo que prometió a los electores que lo llevaron a la Casa Blanca. Lo preocupante es que en todo este tiempo, el gobierno mexicano no ve o se niega a ver la realidad y sigue sin construir y aplicar una estrategia para enfrentar de manera integral las políticas de la administración Trump. Con fe ciega, se ha empeñado en la renegociación, ellos le llaman rediseño, de un Tratado de Libre Comercio que ya está muerto y ha dejado de atender temas tan importantes como la defensa de los derechos de los migrantes o el regreso de los dreamers que, en medio año, volverán al país del cual se fueron siendo niños.

Desde la precampaña, campaña y lo que va de la administración Trump, la prioridad para el gobierno federal mexicano ha sido el tema comercial. Ni la construcción del muro fronterizo, ni las deportaciones masivas, ni la violación de los derechos de los migrantes han estado realmente en la lista de prioridades de la Cancillería. Por eso se empeñaron tanto en hacer fracasar una estrategia que contara con el apoyo de otros poderes del Estado mexicano, de los gobernadores y, lo más importante, de la sociedad. ¿De qué les ha servido sentarse a la mesa para negociar un acuerdo que no tiene futuro?

Ahora en el aspecto comercial se tendrá que buscar a marchas forzadas la diversificación, pero al mismo tiempo, atender los temas pendientes y en verdad importantes, como el tema migratorio, la defensa de los derechos de los migrantes y los diversos mecanismos de colaboración bilateral con Estados Unidos, como por ejemplo, los referentes a las cuestiones de seguridad. En particular, México debe promover en el Congreso de Estados Unidos un acuerdo migratorio que permita a los dreamers permanecer legalmente en esa nación, apoyarlos en su defensa legal y preparar las condiciones para su regreso y el de sus familias.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama creó el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), por sus siglas en inglés). El DACA era una forma de protección a los hijos de migrantes indocumentados contra la deportación. Aplicaba para indocumentados que habían llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años; tener entre 15 y 31 años al 15 de junio de 2012; tener residencia en la Unión Americana de forma continua desde 2007 y contar con la preparatoria o estar estudiando; así como no tener antecedentes penales. Quien estaba en el programa DACA podía tener permiso de trabajo temporal, número de Seguro Social y, por tanto, acceder a préstamos para comprar casas y automóviles; tarjeta de identidad, licencia para conducir y además seguro médico. Es decir, era una puerta para el modo de vida americano.

De acuerdo con los datos disponibles, el DACA ha beneficiado a 787,580 jóvenes indocumentados, según las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. De acuerdo con datos de la oficina de inmigración, 78 por ciento de los beneficiarios de DACA son de origen mexicano, es decir, 618,342; salvadoreños, 28,371; guatemaltecos, 19,792; y hondureños, 18,262. Los estados con más dreamers son California, con 242,339; Texas, con 140,688; Nueva York, con 49,710; Illinois, con 45,663; y Florida, con 39,843. El 46 por ciento estudia y de estos, 83 por ciento también trabaja. El 6 por ciento de ellos iniciaron un negocio. En total, el 91 por ciento de los beneficiarios de DACA trabaja.

Barack Obama tiene toda la razón en calificar el anunció del fin del DACA como una acción cruel. En el lado mexicano, la denuncia no basta, el gobierno federal tiene medio año para desplegar acciones a favor de los dreamers y sus familias. En primer lugar, debemos tener claro que estos jóvenes desean permanecer en Estados Unidos, en este sentido, los apoyos deben estar orientados a la asesoría legal, lo cual implica destinar recursos, entre otros, para contratar abogados. De manera paralela, la Cancillería debe diseñar una estrategia dirigida al Congreso estadunidense para lograr un acuerdo migratorio que les permita a estos jóvenes permanecer en Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno mexicano debe preparar las condiciones para el regreso de los dreamers; me refiero a la creación de 700,000 empleos que permitan aprovechar sus potencialidades y espacios en las universidades para que puedan concluir sus estudios profesionales. Las acciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en apoyo a estos jóvenes resultan notables, pero no basta.

La imagen de hace unos meses, cuando el gobierno de Trump realizó las primeras deportaciones y el presidente acudió al aeropuerto de la Ciudad de México, los recibió y después se marchó, dejándolos solos y en la total incertidumbre, no puede repetirse. Es tiempo de que la prioridad no sean únicamente las relaciones comerciales, los poderes nacionales tienen la obligación y la responsabilidad de apoyar a estos jóvenes que por segunda ocasión son víctimas de una injusticia. La primera, cuando sus padres tuvieron que salir del país de manera ilegal para sobrevivir, y la segunda, cuando por medio de un acto de racismo a los migrantes y de revancha en contra de su antecesor, Donald Trump cancela el DACA.

@MBarbosaMX

Senador de la República