La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero. A tres años de los ataques, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha llevado a una sentencia condenatoria a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Ninguno de los implicados y a quienes se le inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, sólo cuatro casos tienen acreditado el homicidio o tentativa de homicidio.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR. Señaló irregularidades durante el proceso de indagación que no han sido resueltas, como el ocultamiento de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios.
Otro tema del que no se tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada y mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, indica el documento del Centro ProDH.
También son señalados como rezagos las líneas de investigación que han solicitado los familiares de los normalistas, relacionadas con la actividad de tuvieron los celulares de los jóvenes el día del ataque; la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares y el trasiego de droga en autobuses con destino a Estados Unidos.
A pesar de que el GIEI recomendó que se profundizara la investigación no hay nada concreto. “Esto es especialmente grave, dado que hay indicios de que algunos de estos aparatos, o sus chips, estuvieron en manos de servidores público aún no acusados; a la fecha, la PGR no ha concluido el análisis de telefonía”.
El documento señala que la PGR indicó la detención de 170 personas aproximadamente relacionadas con la desaparición de las cuales 97 son presuntamente integrantes de la organización Guerreros Unidos, 54 policías de Iguala y 19 policías de Cocula. Sin embargo, sólo 70 están directamente acusados de los delitos cometidos contra los jóvenes.
Se destaca la participación de elementos policiacos de otras corporaciones en los puntos en donde fueron interceptados los normalistas y detenidos, pero ninguno de ellos ha sido detenido.
“Por cuanto hace a la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en uno de los lugares donde un grupo de estudiantes fue detenido y luego desaparecido había al menos dos elementos de la Policía Federal que consintieron la detención. Del Ejército, se comprobó que presenciaron pasivamente los hechos elementos del Ejército desplegados irregularmente como civiles la noche de los hechos”, destacó el Centro.
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