El gobierno federal, a través de 11 dependencias, desvió 3 mil 433 millones de pesos, arrojó una investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

Al revisar la Cuentas Públicas 2013 y 2014, se detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

El reportaje titulado “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, señala que los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos (Pemex), en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación.

Además, figura el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Economía (SE), etc.

Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, no duda en calificar el hecho como un fraude millonario. “Sí, es un fraude. Y los titulares de cada dependencia son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos. Es un claro acto de corrupción”.

Desde 2013, la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos. Sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.

El fraude del gobierno federal se compara con el que realizó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y se señala que éste es “más sofisticado” del que usó el veracruzano. La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

El diario digital y la asociación civil se dieron a la tarea de revisar qué hacían las ocho universidades involucradas con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”. Entre las instituciones implicadas se encuentran: la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otras.

Los resultados arrojados por la investigación se dieron luego de indagar en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.