Dicen por ahí que justicia lenta no es justicia. Eso lo sabe hoy el gran Nelson Vargas, figura que ha dado lustre al deporte mexicano y funcionario público de honradez impoluta —fue cabeza de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte—. La tragedia de este hombre lleva ya diez penosos, tristísimos e indignantes años.

El 10 de septiembre de 2007 fue secuestrada su hija Silvia en San Jerónimo. El delito lo cometió una banda de la que formaba parte su chofer, un tal Óscar Ortiz González. Por supuesto, Vargas denunció la desaparición de su hija y las autoridades le recomendaron no divulgar lo ocurrido dizque para no poner en riesgo a la chica.

Creyendo que tenemos autoridades dignas de crédito aceptó callar, pero pasaban los meses y nada se sabía de la muchacha, por lo que el 25 de agosto de 2008, casi un año después del secuestro, declaró a la prensa lo ocurrido y pidió ayuda a la sociedad para localizar a su hija, pues ni siquiera sabía si estaba viva.

El 5 de diciembre de ese año fue encontrado el cadáver de Silvia en un domicilio de la delegación Tlalpan. Por el secuestro y el homicidio fueron ocho los detenidos, entre otros el citado Óscar Ortiz y sus hermanos Raúl y Cándido, quienes aceptaron su culpabilidad. Sin embargo, a diez años del secuestro, solo uno de los detenidos recibió sentencia y otro quedó en libertad alegando violación al debido proceso.

Para Nelson Vargas, a quien como padre le arrancaron lo más preciado, han sido diez años de una tortuosa incertidumbre. Destacada figura pública, le pidió apoyo a Felipe Calderón, cuando este despachaba en Los Pinos, y al procurador Eduardo Medina Mora, quienes por supuesto le respondieron en forma afirmativa, aunque es dudoso que el asunto les haya preocupado.

Tan mal va el asunto en tribunales, que el principal responsable de los delitos —Óscar Ortiz González— se ha fugado dos veces y, reaprehendido,  estuvo a punto de salir de prisión por una de esas pifias tan comunes en “nuestra” judicatura. Nelson Vargas se enteró y pudo informarle a Enrique Peña Nieto lo que estaba por suceder y solo la intervención presidencial evitó el desaguisado.

Diez años después hay un padre esperando justicia, si es que justicia puede haber para esos criminales. El caso es terrible, pero si eso ocurre cuando está de por medio una figura pública, es imaginable lo que tiene que afrontar la mayoría de los mexicanos ante un sistema judicial archicorrupto,  poblado de personal inepto e indolente. La justicia es otra institución caduca, una más, en un país que se cae a pedazos.