Los temblores del 7 y 19 de este mes —denominado cursimente “patrio” por celebrarse el día 15 el inicio de la guerra que culminó con la Independencia de España— habrán de recordarse por sus secuelas trágicas de pérdida de vidas y enormes daños materiales en casi la mitad del país.
Se recordará también por la respuesta de los jóvenes que, emulando a sus padres que vivieron el temblor del 19 de septiembre de 1985, salieron a las calles a rescatar a las personas atrapadas en los derrumbes, a solidarizarse con quienes perdieron el patrimonio de toda una vida de trabajo, pero sobre todo porque su reacción implicó a la vez un repudio a las instituciones de cualquier tipo, especialmente las del Estado.
En medio de la tragedia no faltó el oportunista que “llevando agua a su molino” ofreció donar sus prerrogativas para gasto electoral para la reconstrucción, a lo cual reaccionaron las demás formaciones políticas con distintos matices, pero en el fondo ofreciendo lo mismo. La discusión, el debate se orientó entonces a destinar recursos suficientes para la gran tarea nacional que significará recuperar la infraestructura de servicios públicos dañada: carreteras, escuelas, hospitales, red de agua potable, drenajes, puertos y aeropuertos y un largo etcétera.
Y lo más apremiante, la construcción y reparación de viviendas de millones de nuestros compatriotas. Los recursos presupuestales en lo inmediato deberán salir del presupuesto 2017, de recortes, ahorros y reasignaciones, la emergencia lo vale y seguramente así se hará.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución, y la propuesta del Ejecutivo la tiene en su poder desde el 8 de este fatídico mes de septiembre, pese a todas las vicisitudes que, obedeciendo a un berrinche del líder panista, se constituyó a destiempo para sesionar este periodo ordinario de sesiones. Tengamos presente que legalmente el 15 de noviembre debe haber presupuesto.
Poco han de vivir quienes no atestigüen cómo las bancadas de los partidos de oposición, privilegiando sus intereses políticos cortoplacistas electoreros, busquen modificar el presupuesto, lo cual es un derecho de ese órgano deliberativo, solo que debe hacerse de manera responsable y con visión de Estado.
Escucharemos ocurrencias de nuestros padres conscriptos para salvar a la patria, abominando de nuestras instituciones, con propuestas financieras inviables e irresponsables. Es cierto y, en este espacio de expresión y en otros, he expresado con anterioridad que debe reducirse significativamente el gasto corriente y debe abandonarse el financiamiento del gasto por la vía del endeudamiento. La deuda y su servicio debe mantenerse como está planteado, porque de suyo ha llegando a limites inmanejables.
La bancada del partido en el poder y sus aliados pueden lograr la mayoría simple y aprobar el presupuesto realizando las adecuaciones y reasignaciones pertinentes que permitan realizar acciones a corto, mediano y largo plazo, incluso con presupuestos plurianuales, pero deben vencer y convencer en los debates, primero en comisiones y luego en el pleno. La reconstrucción no puede, no debe politizarse con fines electorales. Habrá un largo torneo oratorio para ver quién es el más radical, el de mayor inventiva, quién insulta más y mejor al régimen. Al final se impondrá la Real Politik. Bueno eso esperamos.
