Confucio, uno de los grandes filósofos chinos dijo: “sin la confianza del pueblo, ningún gobierno puede sostenerse en el poder”.
Y todo indica que el actual gobierno ya perdió la confianza de los ciudadanos. Y eso es un hecho que se manifiesta ahora con toda su crudeza, pero que se venía incubando desde que episodios como la compra de la Casa Blanca por medio de la constructora favorita del sexenio destruyeron la ya muy escasa credibilidad que tenía entre la sociedad nacional el actual régimen.
Los casos de corrupción que ha dejado al descubierto el reporte de la Secretaría de la Función Pública en la construcción del ya tristemente célebre Paso Exprés de la ciudad de Cuernavaca, donde las irregularidades causaron un perjuicio al erario de poco más de ¡mil millones de pesos!, de las nuevas pistas que dejó la connivencia de funcionarios de Pemex en la época de Emilio Lozoya con la empresa brasileña Odebrecht; el derrumbe de uno de los puentes de las vialidades que se construyen para llegar al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la increíble declaración del titular de Sedesol, Luis Miranda Nava, cuando se le cuestionó el caso de su hermana y cuñado que tienen una gasolinera en el Estado de México dijo olímpicamente que él no sabía nada, son síntomas inequívocos de que la crisis de gobernabilidad en el país no solamente sigue, sino que tiende a crecer al calor de las precampañas electorales.
La crisis constitucional planteada en los momentos de la instalación de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados fue la señal de que, al tiempo de que iniciaba formalmente el proceso electoral que culminará el próximo 1 de julio del año 2018, representó la formalización del rechazo de las oposiciones a los actos patrimonialistas y de amiguismo con los que han tratado de gobernar algunos de los integrantes del gabinete peñista.
Está claro que para que una democracia como la nuestra funcione, es necesario reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Los bajos niveles de confianza en la policía que están profundamente relacionados con el desarrollo y eficacia de las corporaciones, así como las sombras de complicidades con el crimen organizado, representan otro componente por demás explosivo de la crisis de gobernabilidad que se acrecienta día tras día en nuestro país.
En otra delicada latitud se ve la falla política representada por la mayoría de los gobernadores que no han cumplido sus compromisos con sus comunidades y que en ocasiones caminan en la dirección siniestra de los Borge o los Duarte.
Esa es una de las principales causas que pega en la ingobernabilidad. Una sensación de inseguridad expresada por los ciudadanos en las encuestas, las cuales son respaldadas por las estadísticas de delito.
Aumenta así el desencanto de la población. Acicateado por la falta de crecimiento económico, de resultados para reducir la violencia, de la creciente inseguridad y la entronización de la impunidad.
El país camina en medio de los desastres naturales entre la inconformidad y el desencanto.
Las formas de conducción política están evidentemente rebasadas. Estamos a escasos nueve meses de celebrar los que se predicen como los que serán los comicios más competidos de la historia moderna de México.
Y el ambiente entre los partidos se tensa. El desencanto popular se traduce en miedo y el miedo en rechazo a las acciones gubernamentales que pudieran darle seguridad en sus principales asignaturas irresueltas.
Si se llegó a un arreglo entre partidos en las Cámaras de Diputados y de Senadores para superar la crisis constitucional, el arreglo del gobierno con la sociedad está aún pendiente.
