Todo preparado para el referéndum ilegal del 1-O, en el que las Fuerzas de Seguridad ya han alertado de que los independentistas quieren colocar a menores en las puertas de los colegios y acamparlos desde este viernes como medida de presión para impedir que la policía pueda precintar los colegios.

Además de los menores, también se usarán tractores. La Asamblea Payesa de Lleida ha colocado esta mañana el primer tractor en la puerta del colegio electoral de Les Borges Blanques para “ir calentando motores”, obstaculizar el acceso policial y apoyar de una “manera simbólica” el referéndum del 1-O.

Según ha confirmado a Efe Josep Farran, uno de los portavoces de la plataforma, esta acción se lleva a cabo con la reminiscencia de la tractorada que tuvo lugar en los años 70 y en la que se pedían derechos sindicales en el campo. “Ahora, al considerar que nos están recortando nuestros derechos como ciudadanos”, queremos simbolizar y apoyar esta lucha de esta manera”, explica Farran.

El de Les Borges Blanques ha sido el primer tractor, pero desde la Asamblea Payesa esperan que la acción se vaya extendiendo “como una mancha de aceite” y que sean más los payeses que se decidan a aparcar los tractores en las puertas de los colegios electorales.

Gobierno y Generalitat han mostrado sus discrepancias en una tensa Junta de Seguridad en la que el ejecutivo catalán se ha negado a suspender el referéndum del 1-O, pese al requerimiento del Estado, y ha avisado que los Mossos “adecuarán” el cumplimiento de órdenes judiciales a dar prioridad a la “convivencia”.

A tres días del referéndum suspendido por el Constitucional, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha presidido la Junta de Seguridad de Cataluña, que convocó de forma unilateral, en la que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, le ha exigido que “suspenda” la votación del 1-O y que asuma que hay una “autoridad judicial” para que los cuerpos y fuerzas de seguridad impidan la votación.

Nieto ha advertido que las movilizaciones de estos días están siendo lideradas por el independentismo radical, por lo que forzar a los ciudadanos a salir a la calle, haciéndoles creer que el domingo se celebrará una consulta válida, puede acabar desembocando en situaciones de tensión.

El responsable de Interior, que ha lamentado ante los periodistas la convocatoria unilateral de la cumbre, ha indicado que el objetivo del Gobierno es que el 1-O se cumpla la legalidad, se defienda el Estado de Derecho y se mantenga la convivencia y ha exigido a la Generalitat que suspenda el referéndum y que asuma las directrices judiciales.

Las posturas antagónicas entre ambas partes se han puesto en evidencia cuando, después de Nieto, ha comparecido ante los periodistas el conseller de Interior, Joaquim Forn, que ha garantizado que el Govern no parará el referéndum.

Además, ha pedido que no se ponga “contra las cuerdas” a los Mossos d’Esquadra, que “adecuarán” el cumplimiento de las órdenes judiciales a priorizar el mantenimiento de la “convivencia”.

“El compromiso del Govern es muy claro: que se pueda votar. Pero también es verdad que los Mossos, como policía judicial, tienen un mandato que no pueden obviar. Se tiene que poder cumplir de la mejor forma posible, que no cree problemas más grandes que los que se quieren evitar”, ha alegado Forn.

Según el conseller, los Mossos d’Esquadra se regirán por los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia” a la hora de cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les ha obligado a impedir que el 1-O abran los colegios electorales, ya que su prioridad será defender el “bien superior”, que es la “convivencia ciudadana”.

Por su parte, el presidente Puigdemont, en un acto con representantes de la comunidad educativa, ha loado su disposición a abrir colegios el domingo para no retroceder “ni un milímetro” en derechos fundamentales, aunque ha alegado que es el Govern quien asume la responsabilidad del referéndum.

Paralelamente, la Guardia Civil ha incautado en un almacén de Igualada (Barcelona) 2.500.000 papeletas, 4.000.000 de sobres y 100 urnas para el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional, según han informado a Efe fuentes policiales.

Esta es la segunda gran incautación de material electoral que ha llevado a cabo la Guardia Civil, que el pasado 20 de septiembre requisó casi 10 millones de papeletas para votar en el referéndum en el registro de una nave industrial del municipio barcelonés de Bigues i Riells (Barcelona) ordenado por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

A tres días de la fecha anunciada por el Govern para el referéndum, unos 16.000 alumnos de secundaria y universitarios, según la Guardia Urbana, se han manifestado en Barcelona para reivindicar la celebración de la votación.