La intención de imponer fiscal fue uno de los errores políticos más graves que se han cometido en los últimos tiempos.
De no haberse corregido, hubiera seguido envenenando la política nacional. La intentona arrastró a la Cámara de Diputados a una crisis constitucional, provocó un divorcio, tal vez irreparable dentro del PAN, alertó a la ONU y amenazó con contaminar el proceso presidencial de 2018.
Por eso, la primera decisión de Estado que tomó el presidente de la república al regresar de China fue eliminar el pase automático del procurador a fiscal general.
Con ello, no solo evitó llevar el país a un ruptura política e institucional de mayores consecuencias, sino que puso en su sitio a los senadores que buscaban tener un abogado general a modo.
Los senadores no pueden fingir, como algunos lo hacían, demencia. Aunque la parálisis legislativa se había producido en la Cámara de Diputados, el epicentro de la crisis y la solución de la misma tiene su origen en el Senado.
La construcción de un órgano autónomo, pero sobre todo independiente, pasa por la aprobación de la iniciativa que envió Enrique Peña Nieto a la Cámara Alta desde noviembre del año pasado, para evitar que el actual procurador se convierta en titular de la Fiscalía General de la República.
Cabe decir que la Cámara de Diputados no fue más que la heredera o reflejo de un mal cálculo que se hizo al “congelar” en el Senado la reforma presidencial.
Contrario a algunas conjuras y acusaciones, César Camacho, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro, no fue el “padre” de la crisis. La paternidad o maternidad del problema la tuvieron otros. Camacho operó, en medio de la adversidad, para impedir la profundización de una ruptura institucional. Y sin protagonismos, anunció la disposición presidencial de privilegiar el interés del Estado mexicano por encima de lo que públicamente había defendido el presidente de su partido y algunos grupos afines.
La pretensión de imponer fiscal exhibió falta de visión y sensibilidad política. No hay asunto que preocupe e indigne más a la sociedad mexicana, en estos días, que la corrupción asociada a los más altos índices de impunidad.
Y no no hay reclamo más intenso, por parte de la población, que poder contar con un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, apuntalado por un fiscal General de la República que generen respeto y confianza.
Pero hay algo más. El descontento que generó en organizaciones y partidos de oposición el “pase automático” dejó ver que la lucha contra los excesos de poder —corrupción e impunidad— va a ocupar el centro de las campañas políticas de 2018 y que el electorado va a calificar a los candidatos a partir de los compromisos que hagan en la materia y la autoridad moral que tengan para extirpar esos flagelos.
El escándalo parlamentario, provocado por quienes intentaron imponer fiscal, fue tan delicado que ocasionó una fuerte reacción por parte de organismos internacionales.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, demandó al Senado de la República hacer una revisión integral para que la futura fiscalía sea verdaderamente autónoma e independiente.
En un mundo globalizado todo se sabe. La lectura que se hizo desde el exterior es que en México hay interesados en matar la justicia; en dar un golpe de Estado contra la legitimidad institucional sin importarles con ello afectar al país y al mismo presidente de la república.
