Los terremotos, las tormentas y otros fenómenos naturales no pueden evitarse. En cambio, sí es posible reducir drásticamente las bajas, pues si esta vez se perdieron cientos de vidas —menos de 400— que constituyen el saldo más triste y lamentable del temblor, en 1985 las muertes a consecuencia de los sismos fueron oficialmente 4,541, aunque diversas estimaciones hablaban de diez mil y hasta veinte mil.

Según el informe rendido por el gobierno capitalino, los edificios dañados entonces fueron 12,700, de los cuales se colapsó un 12 por ciento (más de 1,300). Esta vez, son 3,848 los inmuebles dañados y alrededor de 40 los colapsados en la Ciudad de México, a los que debemos sumar las 10,000 construcciones afectadas en Morelos (2,000 solo en la sufrida Jojutla), 1,700 en Puebla y 600 en Guerrero, donde se desplomaron por lo menos 180. Hay que agregar que las edificaciones más afectadas eran viviendas, aunque las escuelas oficiales con algún deterioro suman varios miles.

Estas cifras muestran que la destrucción ocasionada por el terremoto tuvo una dimensión mayor que en 1985, pero que algo se ha hecho de entonces a la fecha para reducir las pérdidas humanas, lo que no es despreciable, pero, como es obvio, falta mucho por hacer.

Para las tareas de auxilio salieron a la calle un millón de voluntarios, 2,000 elementos del Ejército, una cantidad no precisada pero notoria de la Marina, 700 efectivos de la policía federal y 50,000 empleados de la Ciudad de México (incluidos policías), de acuerdo con información proporcionada por el gobierno capitalino. Brazos no faltaron, pero sí oportunidad, coordinación y eficacia de las autoridades.

La lección principal es que los programas de protección civil deben ampliarse y mejorar desde ahora, pues en situaciones de emergencia, cada persona debe saber qué hacer, a dónde dirigirse, qué llevar, con quién reportarse, y eso solo se logra con un entrenamiento intensivo.

De todos los rincones de México y del extranjero llega dinero para la reconstrucción. En 1985, un gobierno medroso como el de Miguel de la Madrid, acuciado por los hechos, expropió 7,000 predios y ahí construyó 50,000 viviendas —al margen de los programas habitacionales regulares—. Es de esperarse que hoy los gobernantes hagan algo similar. Una exigencia mínima es que se pongan en práctica, este mismo año, medidas para descentralizar la paquidérmica burocracia federal y a sus familias, garantizando salud, educación, seguridad y lo necesario para su desenvolvimiento. ¿Es mucho pedir?